Por Antonio González Vázquez
Cuando Juan Manuel Carreras López asumió el poder en septiembre de 2015, dijo en su primer discurso que ni él ni la sociedad toleran la corrupción. Le advirtió que iba a por ellos.
Pero no hay alcalde, diputado, senador o servidor público de cualquier nivel que no lance floridos discursos contra la corrupción; todos cargan la bandera anticorrupción.
Pero en los hechos no solo no hacen nada por combatirla sino que se enrolan en las cada vez más amplias franjas de funcionarios corruptos.
Por cierto: ¿Quién es Sandra Sánchez Ruiz?
La corrupción tiene secuestradas a las instituciones y sus funcionarios son auténticos especialistas en las malas artes de la corrupción.
El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática dio a conocer estadísticas sobre corrupción porque este sábado se celebra el Día Internacional Contra la Corrupción.
Por cierto: ¿Qué ha pasado con la Ecuación Corrupta?
Pues nada, no pasa nada. Ni con Sandra ni con la Ecuación.
Todos, desde el poder público, hablan contra la corrupción, pero en realidad no hacen nada por enfrentarla.
En San Luis Potosí, 8.8 de cada diez ciudadanos considera que la corrupción es una práctica frecuente entre los servidores públicos y las instituciones. Es decir, prácticamente todos los potosinos saben que la maquinaria del gobierno en sus distintos niveles y responsabilidades, funciona solo con el moche o la mordida.
Es del todo frustrante, pero así es.
En San Luis Potosí, la prevalencia de la corrupción es elevada dado que son más de 20 mil víctimas por cada cien mil habitantes.
Pero algo muy grave, es el hecho de que en San Luis, el 80 por ciento de las unidades económicas, es decir, empresas, negocios, comercios de todo tipo, estiman que hay corrupción en las distintas instancias públicas.
En San Luis Potosí mil de cada diez mil unidades económicas ha sufrido un acto de corrupción en los niveles federal, municipal y estatal.
Es decir, estamos en manos de pillos por todos lados.
Es patético, el costo promedio de un acto de corrupción fue de 2 mil 799 pesos por adulto víctima de corrupción en 2015, mientras que el costo promedio por empresa víctima de corrupción fue de 12 mil 243 pesos en 2016.
Por supuesto, el llamado Sistema Estatal Anticorrupción y leyes que le crean no son en todo caso un muy mal chiste.
La corrupción está más viva que nunca y los corruptos más vivos que nunca.
