Por Antonio González Vázquez
En junio de 2016, Panavi S. A de C. V., ganó la licitación para la concesión por un plazo de diez años del servicio de luminarias en la ciudad de Querétaro. El monto de la concesión, 614 millones 235 mil 236 pesos.
En la capital queretana, la empresa instalaría 60 mil 573 luminarias.
La misma empresa obtuvo una concesión en la parte final del gobierno de Mario García en 2015, pero a diferencia del contrato en Querétaro, en la capital potosina se fueron al doble.
Una inversión de mil 301 millones de pesos y la empresa instalaría 47 mil 681 luminarias.
Peor aún, la actual administración de Ricardo Gallardo Juárez ha modificado el contrato con Panavi para que el monto de la concesión aumente a Mil 521 millones de pesos, para lo cual, solamente esperan la autorización del Congreso del Estado.
En agosto de 2016, el alcalde Ricardo Gallardo Juárez había declarado a la prensa que habría una modificación al contrato no para incrementar en 200 millones de pesos el costo de la concesión sino para “retirar a la empresa”.
Hace seis meses, Gallardo calificaba el contrato con Panavi de “leonino” y ahora está a la espera de que los diputados le aprueben la ampliación de 200 millones de pesos a la concesión.
“Lo que buscamos (con la modificación) es que el ayuntamiento no ejerza mayor cantidad de dinero”. Eso dijo en agosto de 2016.
A esa mala virtud de mentir y engañar, se suma otra no menos deplorable, la de ocultar la información pública como si fuera suya. Bien se dice que el que esconde es porque algo teme.
Con todo y la enorme duda que despierta el caso de Panavi, el ayuntamiento abona más a la desconfianza con el ocultamiento de cheques emitidos en 2016 hasta por una cantidad conjunta de mil 500 millones de pesos.
A falta de información clara sobre el tema, el ayuntamiento salió de nuevo con su coartada favorita: es golpeteo de los medios de comunicación.
La información pública es del público, no es propiedad del gobierno. Esconder información lo que trae como con secuencia es sembrar dudas y hasta sospechas de que algo no funciona bien en cuanto al manejo honesto de los recursos públicos.
