Por Antonio González Vázquez
Cuando un asunto público causa controversia y se polemiza hasta la saciedad porque no hay suficiente información, lo mejor es informar.
Y si en ese asunto de interés general sucede que los recursos públicos están no solo en juego, sino también en riesgo, lo más acertado es abrir los expedientes, informes, actas, acuerdos y contratos al público para así, eliminar cualquier duda.
Cuando una autoridad, en este caso la del ayuntamiento de la capital hace todo menos informar y aclarar, entonces lo que se provoca incertidumbre y desasosiego, toda vez que se carece de voluntad para ventilar la información.
Lo que está ocurriendo con el caso del proyecto de modificación al contrato municipal con Panavi para el alumbrado público tiene que ver con algo que es fundamental: la voluntad de informar abiertamente del tema a los ciudadanos. No solo lo que conviene sino mostrar todo lo que hay.
Sería muy sencillo superar el escollo de desconfianza creciente que existe sobre la modificación del contrato que implicaría un incremento del gasto de mil 300 a mil 520 millones de pesos.
Es simple: que en el portal institucional del ayuntamiento se abra un micrositio con toda la información relacionada a Panavi desde la administración de Mario García. Que se suban y exhiban todos los documentos de que disponga el ayuntamiento, no solo el contrato, sino las bitácoras de trabajo, los expedientes, las cotizaciones, los estudios realizados para estimar necesario concesionar el servicio de alumbrado.
Que en ese micrositio se coloque toda la información desde que se iniciaron los primero acercamientos y acuerdos con Panavi hasta el día de hoy, que sea un micrositio accesible para que los ciudadanos lo puedan consultar libremente.
Eso sería lo deseable, pero el alcalde Ricardo Gallardo no lo hará.
Por ejemplo, Gallardo Juárez dijo a los reporteros que acudieron a cubrir la apertura de una nueva purificadora de agua, que si los diputados quieren, pues que le den para abajo al dictamen.
La única explicación del edil sobre el tema es que es un asunto que le heredaron y que de cancelarse el contrato tendría que pagar una indemnización, según afirma, equivalente al 90 por ciento del monto total. De ahí no va más allá.
De lo que se trata es de que informe, no de que se queje; se trata de haga transparente el tema y no que diga que ya está hasta el copete del caso.
Es sencillo, que publique todos los documentos en la red, pero que lo haga ya en vez de cotizar el 50 mil pesos la copia simple del contrato. No lo hará porque no hay justificación para pagar 220 millones de pesos más a una empresa que desde el inicio, incumplió con el contrato.
“Si consideran que no está bien el convenio, que le den para atrás, si de mi parte hubiese sido yo le doy para atrás, ya si ellos le dan para atrás, veré cómo me defiendo como Ayuntamiento, ahorita el balón está en su cancha”, atinó a decir Gallardo ante la falta de argumentos para justificar el pago de 220 millones de pesos adicionales.
El edil sabe que tiene muchas posibilidades de que el dictamen favorable salga adelante aprovechando la ausencia de operación política puntual y eficiente del gobernador Carreras; confía también en que los cuatro diputados del Círculo Azul por el PAN le darán el voto solo por fastidiar a su partido y por llevarse algunas palmadas de agradecimiento.
Pero ese panorama que hace unas semanas era halagüeño ahora se ha oscurecido y crece la posibilidad de que su propuesta sea rechazada. Habrá que esperar, por lo pronto, el cabildeo está a todo lo que da.
