Por: Antonio González Vázquez.
Señal inequívoca de que la impunidad se pasea a sus anchas por San Luis Potosí y en especial por el hueco edificio de la Procuraduría General de Justicia, es que a once meses de la muerte de Diego, la instancia “procuradora” de justicia no ha resuelto sobre la presunta responsabilidad que, en la tragedia, podrían haber tenido algunos empleados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Leopoldo González y Socorro Ruiz Medellín, padres de Diego sufren diariamente por la pérdida de su hijo, lo cual, parece no ser digno de la atención de quienes, en el papel, dicen representar a la institución que dice, “procura” justicia.
Once meses y la impunidad se agiganta porque en la Procuraduría General de Justicia de plano, no saben quien es el responsable. Lo único cierto que tienen, once meses después, es que hubo homicidio culposo pero carecen de elementos para determinar quien o quienes son los responsables de ese delito.
Genial. Solo falta que responsabilicen al tobogán del parque acuático y le giren orden de aprehensión y luego se le consigne a un juez. Son capaces, no se menosprecie a la gente de Federico Garza, empezando por él.
Una madre nunca olvida a su hijo. Es lo que más ama porque es sangre de su sangre, de ella nació.
Doña Socorro sabe que Diego está muerto, pero vive en su mente y en su corazón, sabe que en la medida en que no se haga justicia, ella no tendrá paz. No es justo entonces, que a la madre de una víctima inocente se le carguen más injusticias.
La Procuraduría General de Justicia, se comprende, debe tener agentes del Ministerio Públicos muy aptos, conocedores a fondo de la ley, sumamente inteligentes y de pensamiento afilado y agudo; funcionarios que como representantes sociales, saben también de la responsabilidad que tienen.
Son además, muy duchos, sagaces y observadores escrupulosos de la ley, se valen de métodos científicos para definir culpas y sobre todo, están comprometidos en la búsqueda de hacer justicia.
Por eso llama la atención que en el caso de Diego, se diga que ya concluyeron las diligencias, las investigaciones y tal, pero no están seguros de lo que tienen en las manos, es decir, no saben qué hacer.
Mientras eso sucede en la antesala del palacio de la justicia, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí la memoria de Diego quedó en el olvido, hay cosas más trascendentes para el rector Manuel Fermín Villar Rubio como entregar bonos y ese tipo de cosas.
Pronto será un año desde que murió Diego y la procuración de justicia allanando el sendero oscuro a la impunidad.
