Cuando familiares y amigos de una víctima salen a protestar a los espacios públicos no es porque se les antoje, es porque a sus reclamos de justicia no les han hecho caso. En efecto, el más importante acto a favor de una víctima es que se dilucide la verdad, se procure justicia, se importa justicia y luego, se sancione al agresor de esa víctima, al que le daño, incluso de modo irreparable, ya sea por responsabilidad directa o indirecta.
Es de suyo tan triste como deplorable, que quienes perdieron de manera del todo injusta a un ser querido, tengan que recurrir a la exigencia habida cuenta del hecho real de que la justicia se da solamente a favor de los poderosos e influyentes. Las víctimas quedan olvidadas a menos que formen parte de un selecto club de millonarios o que sean parte de la élite del poder.
El de Diego no es el caso. Era solamente un niño de doce años. Murió por la negligencia de personal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Murió por el descuido criminal de empleados del área de deportes y actividades recreativas de la UASLP. No es el caso del hijo de un potentado sino de una familia potosina que inscribió a su hijo en el Camping de Verano 2015 de la UASLP a donde lo dejó vivo y se lo entregaron muerto.
Se trata de una víctima sin alcurnia ni influencias ni palancas ni billetera que le permitan agilizar los movimientos de la anquilosada maquinaria de procuración de justicia. Así de claro, sin puntos ni comas.
Siete meses después de morir ahogado, Diego estuvo ayer en el salón de plenos del Congreso del Estado. Habló a través de su madre y de sus amigos. Diego levantó los brazos para mostrar pancartas de protesta en la voz y letra de sus familiares. Diego está muerto desde hace siete meses, pero a la Procuraduría General de Justicia del Estado y al rector, Manuel Fermín Villar Rubio eso parece importarles poco menos que nada.
“Profesor Mariscal deje de re-victmizar a los niños y acepte su descuido” se leía en una pancarta en clara alusión a que el jefe de deportes de la UASLP abusa de solicitar que el Ministerio Público llame a declarar a los niños que estaban con Diego en el momento de su muerte”. Eso, en verdad, no tiene nombre.
En otra pancarta, se exige al rector de la UASLP, Manuel Fermín Villar Rubio que cumpla su promesa: ¿En dónde está lo que prometió”, esto, en referencia a que el rector se había comprometido a permitir que las investigaciones de la autoridad se hicieran sin presiones de la UASLP, lo cual no se ha cumplido ya que la institución presiona para que las investigaciones se resuelvan a favor de la inocencia del personal universitario que habría actuado con negligencia cuando con absoluta irresponsabilidad.
La ausencia de justicia para Diego es una afrenta a su memoria inocente. No solo no se le hace justicia sino que se protege a los probables responsables, de ahí la tardanza en concluir una investigación.
El niño y sus padres merecen algo distinto a lo que ha venido sucediendo hasta el momento, pero desafortunadamente el gobierno de Juan Manuel Carreras López se ocupa de cosas muy distintas de aquello que le pasa a la gente.
