Por Antonio González Vázquez
Existen unas cuantas instituciones que en su razón de ser está, en primer lugar, proteger a las mujeres en San Luis Potosí. Están el Instituto de la Mujer de Gobierno del Estado, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Delito, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género del Congreso del Estado, el DIF y sus diversas áreas de apoyo a las mujeres.
También existen un sin fin de organizaciones civiles no gubernamentales dedicadas a lo mismo, a decir que cuidan de los derechos de las mujeres y por ende, también hay muchas feministas que saltan a la vía pública cuando hay manifestaciones de protesta o reclamos a favor de un derecho.
Por eso mismo no se explica el hecho de que la Magistrada del Tribunal Electoral del Estado, Yolanda Pedroza Reyes, parezca ir sola en su lucha legal en contra de la violencia política en San Luis Potosí.
¿Dónde estarán las mujeres, las instituciones públicas y las ONG?, ¿Dónde estarán cuando a otras mujeres les hace falta algo más que su solidaridad?
Pero lo mismo ocurre con otras mujeres víctimas, como las madres de Karla o de Diego, a las que ya prácticamente nadie hace caso en su reclamo de justicia. Que parezcan invisibles para los servidores públicos hasta puede ser normal, pero que también sean invisibles para otras mujeres, eso vaya que es preocupante.
Como dijo la Magistrada víctima de violencia política y acoso laboral: las mujeres te hablan y te dan el apoyo de palabra, una voz solidaria, pero hasta ahí nada más. Ni siquiera las propias mujeres que laboran en el Tribunal Electoral han levantado la voz contra Rigoberto Garza y Oskar Kalixto. Es mejor conservar el trabajo que ser militante de las causas femeninas.
