El presidente municipal capitalino, Ricardo Gallardo Juárez está conduciendo al ayuntamiento a un pleito legal que podría significar un severo golpe a las sufridas arcas municipales. Rescindir el contrato a VIGUE no es en modo alguno una gracia, pero en San Luis Potosí la clase política está acostumbrada a hacer de los ayuntamientos un caos, un nido de corrupción, un lodazal de intereses. Le han apostado siempre a que el que venga que resuelva los problemas.
La cancelación de la concesión por parte del cabildo estaba cantada y era cuestión de días, pero ese no es el problema, en el, cabildo se hace lo que dice el presidente municipal, el primer obstáculo estará en el Congreso del Estado. Éste también se puede salvar dado que el gobernador Juan Manuel Carreras puede fácilmente interceder por el edil.
El problema real se vendrá cuando la empresa recurra las instancias legales puesto que le asiste el derecho de hacerlo. El caso previsiblemente irá a los tribunales y mientras más tiempo se lleve, un eventual fracaso municipal le saldrá sumamente caro.
VIGUE irá al pleito con toda la fuerza e influencia que tienen los asociados a la Asociación Nacional de Empresas Ambientales. Es una empresa con enormes recursos económicos, técnicos y humanos que hará todo lo posible por recuperar el contrato o bien, lograr una jugosa indemnización.
En todo caso, la ciudad saldrá perdiendo.
Con optimismo sin fundamento, Gallardo Juárez afirma que ya se cubre el 90 por ciento de la ciudad con el plan emergente implementado, lo cual dista mucho de ser cierto.
Apunta el alcalde que con la cancelación del contrato de concesión, el ayuntamiento se ahorrará al menos cinco millones de pesos mensuales. De ser así, es sencillo saber a dónde irá ese dinero: a su campaña política de compra de voluntades gracias a las ayudas sociales que prodiga a manos llenas.
Tan es una campaña de propaganda, que se distribuyó la foto oficial del edil entregando en el Congreso la solicitud de revocación de la concesión. Gallardo posa con la ex diputada Beatriz Benavente mostrando la hoja de recepción del expediente, como si se tratase de un logro digno de ser aplaudido.
La empresa ya había acusado públicamente al alcalde de violentar el Estado de Derecho y de actuar de modo arbitrario.
Las acusaciones que se han cruzado ambas partes serán seguramente resueltas por un juez, en cuyo caso, no hay seguridad de que el ayuntamiento gane. A ver cuantos millones le cuesta el capricho a la hacienda municipal y a los capitalinos.
