Por Antonio González Vázquez.
Mientras que el ayuntamiento de San Luis Potosí se niega a responder a la pregunta ¿Quién es Sandra Sánchez Ruiz?, y mientras que las autoridades municipales se empecinan en asegurar que Sandra Sánchez Ruiz no es sino un tema mediático para enlodar la “impoluta” imagen del alcalde Ricardo Gallardo, el Sistema de Administración Tributaria se propone ir al fondo de las tripas de la administración gallardista respecto del tema de la compra de medicamentos a la fantasmal proveedora.
Es muy ilustrativo el hecho de que en el Poder Judicial de la Federación se haya dado palo jurídico a Sánchez Ruiz al negarle suspensión provisional que mediante juicio de amparo pretendía lograr la surtidora de medicinas municipal.
En el Juzgado Segundo de Distrito le dijeron a Sandra Sánchez Ruiz y con ello, al ayuntamiento capitalino que no, que no es posible brindar protección de la justicia federal y que por tanto, el SAT puede seguir adelante en sus investigaciones en cuanto a la millonaria compra de medicamentos del municipio a favor de sus empleados de confianza.
Las compras municipales a la proveedora por unos 70 millones de pesos serían revisadas con rigor administrativo y fiscal por parte del SAT, ejercicio que seguramente dista mucho de ser una revisión “patitito” como las que acostumbra a hacer la Auditoria Superior del Estado.
Es probable que más pronto que tarde surjan noticias desde el SAT donde no se perdona la defraudación fiscal ni mucho menos triangulaciones sospechosas con la participación de recursos públicos.
