Según la Tercera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2016 (ENCIG) del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, en San Luis Potosí el nivel de satisfacción de los ciudadanos por el tiempo en que se realiza un trámite o denuncia en los juzgados es de apenas del 26 por ciento.
Eso es fatal porque como bien se sabe, justicia lenta o tardía, no es justicia.
Si acaso eso fuera poco, esa misma encuesta en lo relacionado a los actos de corrupción cometidos por servidores públicos, destaca que en el caso de San Luis Potosí, el 28.1 por ciento de los usuarios de los juzgados experimentaron un acto de corrupción.
De hecho, los juzgados ocupan el cuarto lugar de 20 entre las instituciones públicas en las que los usuarios experimentan actos de corrupción. Es decir, en un juzgado, es más fácil toparse con servidores públicos corruptos que lograr que se haga justicia.
Visto así, en los juzgados locales, la ciudadanía se podrá encontrar con alguien poderoso que pueda torcer la ley con la ayuda de servidores públicos y de eso no habrá consecuencia alguna, más si se trata de algún “licenciado” que se siente “influyente” y que peor aún, forma parte de la elite que controla el poder judicial.
Es preocupante ya que el 28.1 por ciento de los más de 15 mil actos de corrupción cometidos en 2015 en el estado por cada cien mil habitantes, se cometieron en algún juzgado.
Es muy probable que muchos de esos actos de corrupción tengan como principales protagonistas a funcionarios del Poder Judicial.
Lo grave no es solo que el Consejo de la Judicatura no haga nada al respecto sino que exista la presunción de que desde esa instancia se alimenta la corrupción como quien alienta el fuego rociando gasolina.
Astrolabio publica hoy el caso de la familia de una víctima mortal que demanda justicia y lo que se ha encontrado es el fino accionar de la maquinaria de la corrupción y del tráfico de influencias.
En los juzgados siempre habrá alguien que debe favores a los poderosos, adinerados o simplemente influyentes por el círculo político en el que se desenvuelve, para ellos, toda la atención y para las víctimas el desprecio.
Si, como no Licenciado, claro que sí Licenciado, estamos a sus órdenes Licenciado, no se preocupe que nosotros lo arreglamos, Licenciado, si está claro que usted tiene la razón Licenciado, no hay problema Licenciado, ya me hablaron de arriba, todo va a estar bien. Esto no son estupideces ni inventos, es lo que se dice en un juzgado cuando el presunto autor de un delito es un sujeto influyente.
Y lo peor es que pasa con más frecuencia de lo que todos piensan, es el pan de cada día en los juzgados, de ahí que el 28.1 por ciento de los ciudadanos que experimentaron un caso de corrupción, lo debieron soportar en los juzgados.
Basta que en el caso de un detenido que ha sido llevado ante un juez llegue un junior o Mirrey, un político, un funcionario público de cierta relevancia o un simple conocido de alguien del enorme círculo rojo para que la justicia se tarde o se administre con notoria injusticia.
Así estamos en San Luis y en el Consejo de la Judicatura al parecer saben utilizar muy bien sus influencias.
Es el caso de Carlos Alejandro Ponce Rodríguez quien desde que se vio involucrado en una demanda penal, no debió llegar al Consejo de la Judicatura como representante del Poder Legislativo.
Por ética, debió rechazar ser la propuesta del Congreso dado que estaba enfrentando un procedimiento judicial, pero no lo hizo, y como consejero que revisa la actuación de los funcionarios del poder judicial, debe ser muy sencillo influir para que en su caso se falle en su favor.
En ese sentido, existe un claro conflicto de intereses porque un servidor público del poder judicial está siendo parte de un proceso que lleva un subordinado de Ponce Rodríguez, lo cual en pocas palabras, es intolerable.
Lo más sensato es que el consejero Ponce solicite licencia a su cargo hasta en tanto no se resuelve el proceso en el que se le señala como presunto responsable de homicidio, de no hacerlo, queda abierta la puerta para que se emita una resolución en su favor habida cuenta de que él es uno de los que revisan la actuación de jueces y magistrados.
