Por: Antonio González Vázquez.
Desde hace por lo menos una década, en el país se han impulsado leyes y reformas en Códigos Penales para atajar el agravante fenómenos de violencia contra la mujer y, en su caso más extremo, su asesinato.
Ha sido un fenómeno nacional que las instituciones públicas han enfrentado con notables deficiencias y aún más ineficacia. Pasando por el aspecto legal y pasando por el tema de la prevención y luego por la etapa ministerial y policíaca hasta llegar a la procesal en los juzgados.
El caso que por necesidad urgió al país a legislar a nivel federal y luego a nivelo local, con dureza y rigor, fue el de las muertas de Juárez. Las muertes de mujeres en esa ciudad de Chihuahua, la colocó en su momento como la más insegura del mundo.
Mataban a mujeres todos los días.
Datos del Estudio de Violencia Feminicida en México, precisan que para 2010 esa entidad ocupó por tercer año consecutivo el primer lugar en defunciones femeninas por presunción de homicidio, con 567 decesos. Es decir, que de un total nacional de dos mil 335 defunciones, una cuarta parte del fenómeno se dio en dicha entidad.
La Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado de la República agrega que para 2013, en el Noveno Encuentro Nacional Feminista en Jalisco se estableció que el riesgo de muerte para las mujeres se había incrementado 400 por ciento en diversas entidades, entre las que destaca Chihuahua.
Al abordar el dictamen, la senadora Diva Gastélum Bajo del grupo parlamentario del PRI, reconoció que los crímenes de odio contra las mujeres no se circunscriben únicamente a Chihuahua sino que se han extendido a toda la República.
Es precisamente en 2013 cuando se incluye en el Código Penal del Estado de San Luis Potosí el delito de feminicidio y desde entonces, se han contabilizado 159 casos con averiguaciones previas abiertas.
Cabe destacar que cuando se tipificó el delito, en la Procuraduría General de Justicia ni siquiera se contaba con protocolo de investigación para casos de feminicidios, por lo que el Ministerio Público y la Policía Ministerial actuaban en el caso de ese delito como actuarían en cualquier otro.
Como da cuenta ese diario digital, el nivel de eficiencia de la Procuraduría respecto de las averiguaciones y expedientes iniciados desde hace cuatro años es de tan solo un 7 por ciento.
Es decir, hay 147 casos en la impunidad.
Pese a ello, el Procurador de Justicia, sin pena alguna y si con mucho cinismo y desfachatez, dice estar preparado para ser el nuevo Fiscal General de San Luis Potosí, pues dice, tiene el perfilo para ello.
Entre Federico Garza que dijo esa tontería y el secretario de Seguridad Pública, Arturo Gutiérrez que dijo que su trabajo es de diez, no hay diferencia, son de la misma ineptitud y arrogancia.
