Por Antonio González Vázquez
Por si no fuera poco, los municipios de San Luis Potosí y Soledad no son solo los más violentos y mortales del estado sino también los más opacos. Los ayuntamientos en manos (o diríase, casi en propiedad) de la Gallardía ha dado certeros golpes al Derecho de Acceso a la Información Pública.
Y diríase golpes letales que aniquilan ipso facto cualquier intención ciudadana de solicitar información pública en esas localidades.
Se dice, falsamente, que la información en poder de las instituciones públicas es de todos los ciudadanos, que los datos en poder de los entes obligados le pertenece a la sociedad. Que al ser información pública no es en modo alguno propiedad de los funcionarios públicos.
San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez entienden todo lo contrario, en esas municipalidades tan cruentas como opacas, los alcaldes Ricardo Gallardo y Gilberto Hernández actúan como propietarios de la información, de tal manera que la venden en vez de facilitarla.
Encarecen el Derecho de Acceso a la Información Pública como si se tratase de un acto de especulación, como si fuera un producto al que hay que tasar con un precio para sacar ganancias y de paso, cerrarle la puerta a quienes anden husmeando en busca de documentos que pudieran resultar comprometedores.
Es sin duda, una afrenta: en Soledad se cobrará desde el primero de enero 75 pesos con 49 centavos por una copia de un documento público que, se supone, es de la sociedad, mientras que en San Luis Potosí el cobro será de 37 pesos con 35 centavos.
Cotizar de ese modo una simple copia de una hoja de un documento público es cuando menos, una desvergüenza, pero más vergonzante es el hecho de que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información pública guarde sepulcral y cómplice silencio.
Esa institución, cuyo propósito principal de existencia es defender a los ciudadanos que usan la Ley; los tienen más bien en el desamparo. Alejandro Lafuente, el priísta presidente de esa comisión, no le objetó nada a esos municipios ni tampoco alertó a los diputados del exceso para evitar la aprobación de las leyes de ingresos.
No es posible que una copia con costo real en cualquier papelería de no más de cincuenta centavos, dos munícipes las cobren en 75.49 y 37.35 pesos. Es una auténtica locura y un exceso de autoritarismo de Gilberto Hernández y Ricardo Gallardo.
Pero igual de grave es que los diputados hayan aprobado esos cobros, lo que supone que votaron por leyes de ingresos que ni siquiera tuvieron el cuidado de leer y entender.
Lo cierto es que se trata de un golpe muy grave a un derecho universal y humano como es el acceso a la información pública.
De nada sirve presumir que se tiene la mejor Ley de Transparencia cuando al mismo tiempo se tiene presidentes municipales que creen que sus ayuntamientos son de su propiedad.
Esto es con el Derecho de Acceso a la Información Pública…a ver que otro derecho están ya vulnerando o pensando en violentar.
