Por Antonio González Vázquez
El Código Fiscal de la Ciudad de México dice que “por la expedición en copia certificada, simple o fotostática o reproducción de información pública, derivada del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se deberán pagar 2 pesos con 14 centavos por una copia certificada y 53 centavos por una copia de una versión pública al igual que de una copia simple.
En la ciudad de San Luis Potosí, el costo de una copia simple a partir del primero de enero será de 37 pesos y 75 centavos.
En las dos ciudades gobierna el Partido de la Revolución Democrática, la diferencia es que en la capital del país está Miguel Ángel Mancera y en la capital potosina, Ricardo Gallardo Juárez.
Uno que impulsa el derecho de acceso a la información pública con costos muy bajos por la copia de un documento público, mientras que el otro inhibe ese derecho al fijar un precio abusivo.
Por cierto, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, en silencio, como si no existiera. Los comisionados burócratas que la integran durmiendo ya seguramente la resaca de las preposadas en lugar de defender a los usuarios de la tan pisoteada Ley de Transparencia.
