Por: Antonio González Vázquez.
Hoy se cumple año y medio de la muerte de Diego y su caso parece que se pierde poco a poco en el ominoso laberinto de la justicia. Tanta espera para que se le haga justicia a un niño de 12 años es afrentoso no solo para su familia sino para toda la sociedad.
La burocracia judicial hace de la suyas con Diego y su memoria, la lleva de aquí para allá y luego la regresa como tratándose de un expediente maltrecho y todo manoseado que nadie quiere ni atender ni recibir.
Hoy son 18 meses de la muerte de ese niño y la justicia no se hace presente con el poder y la fuerza que se supone representa.
Ahora resulta que el caso, luego de haber sido resuelto en términos de no declarar culpable a nadie de la muerte del niño, será devuelto al Ministerio Público para que en un plazo de seis meses haga lo necesario para perfeccionar la indagatoria.
Un juez había resuelto que nadie había sido culpable del fallecimiento de Diego durante una de las actividades del Camping de Verano de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tres magistrados refrendaron esa decisión del juez: para ellos, nadie en la UASLP tenía la culpa de la muerte del menor.
La Procuraduría General de Justicia a través del Ministerio Público y la madre de Diego, Socorro Ruiz Medellín impugnaron y lograron que el expediente se revise y perfeccione por parte del representante social.
Es decir, se cumplirán dos años de la muerte de Diego cuando el Ministerio Público concluya la revisión de la indagatoria y regrese a un juzgado penal para intentar convencer de que se libren órdenes de aprehensión.
Se trata de un martirio laberíntico del cual es harto difícil poder salir airoso pues son muchos los intereses que acompañan la administración e impartición de justicia, a lo que debe agregarse su detestable burocracia.
No puede ser para nada justo que la memoria de Diego a sus 18 meses de muerto, la traigan del tingo al tango en escritorios judiciales donde esta visto que lo que menos importan son los justiciables.
Mientras más tiempo pasa, la impunidad de hace más ancha y cubre al rector Manuel Fermín Villar Rubio y a toda su gente involucrada en la Averiguación Previa. Se sienten libres de culpa y como si nada hubiese pasado.
