El Poder Judicial del Estado siempre ha estado en manos del Ejecutivo en turno, quien comparte con algunos grupos de poder el placer de proponer a los integrante del Supremo Tribunal de Justicia, de ahí que existan magistrados identificados tal o cual partido, con tal o cual grupo de poder entre los abogados o que deben su cargo al Secretario General de Gobierno y a grupos al interior del propio poder judicial. Se puede afirmar que nadie en el pleno del Tribunal es independiente, todos han tenido patrocinio y padrino.
Cuando está por abrirse una vacante en los asientos de magistrado, la grilla judicial se enciende en todo su apogeo y todas las miradas, murmullos, rumores, chismes y tenebras van a parar al despacho del gobernador o en su caso, del Secretario General de Gobierno en palacio.
El gobernador, de acuerdo con la Constitución, presenta al Congreso del Estado una terna de prospectos para el caso del retiro de un magistrado. Son los diputados los que revisan esa terna y luego emiten un dictamen. Se puede dar el caso de que las negociaciones políticas fracasen y que la terna sea devuelta al ejecutivo. En ese caso, se dice que los candidatos no reunían el perfil de lo que exige la ley. Aunque en realidad, cuando eso ocurre es porque los diputados también quieren su tajada de influencia con el futuro magistrado.
No es para nada algo sencillo elegir a un magistrado, sobre todo, cuando el que va a ser sustituido no se quiere ir. Desde hace ya muchos años, los magistrados potosinos se amparan para intentar permanecer de manera vitalicia en el cargo. No siempre lo logran, pero si negocian importantes prebendas a cambio de dejar libre el paso.
Una de las razones por las cuales hay un nivel de impunidad del 98 por ciento en San Luis Potosí, es precisamente porque en el Poder Judicial los menos comprometidos con la justicia son los magistrados y jueces.
En el Congreso del Estado se encuentra una terna de candidatos a magistrados para suceder en el cargo a Zeferino Ezquerra Corpus, que como es obvio, ya tramitó su amparo para impedir su salida pese a que ya no está en edad para seguir en el Poder Judicial.
El gobernador Carreras propone a Manuela García Cazares, directora del Instituto de Estudios Judiciales; Felipe Aurelio Torres Zúñiga, con carrera en el Poder Judicial; y Gerardo Martínez Muñoz, secretario técnico del Consejo de la Judicatura.
El problema no solo es quién quede, sino que los tres provienen del mismo grupo de poder que controla el poder judicial desde los tiempos del gobernador Fernando Silva Nieto.
Políticos, magistrados y jueces tienen al Poder Judicial y hacen con éste lo que les place y lo que llaman carrera judicial es más bien la legalización del club de Tobi. Ser hijo, hermano, primo, tío, padrino o amigo de un magistrado abre las puertas al paraíso presupuestal de par en par y además, perpetúa a generaciones en el sistema judicial en donde se puede encontrar a buena parte del árbol genealógico de magistrados, ex magistrados, jueces, presidentes de organizaciones de abogados, catedráticos de la facultad de derecho de la UASLP. Funcionarios y ex funcionarios públicos.
Es una pena.
