Por Antonio González Vázquez
En el kiosko de la plaza de Armas, un grupo de periodistas exigieron justicia para Miroslava Breach Valducea, asesinada en Chihuahua el pasado 23 de marzo. La corresponsal de La Jornada en ese estado norteño, habría sido víctima de algún “narcopolítico”.
La periodista fue asesinada por causa de su trabajo periodístico, es decir lo que investigaba y que luego escribía, no le gustó a alguien y la mató. Eso ocurre en México porque el Estado no es capaz de garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión.
Igual que en otras ciudades del país, los periodistas han salido a las plazas públicas a demandar protección a su labor informativa y también, para exigir que los crímenes cometidos hasta el momento no queden impunes.
Las amenazas, hostigamiento, amedrentamiento y la intimidación desde los grupos de la delincuencia organizada y desde el poder público, tienen a la prensa en México en una situación que preocupa e incluso, alarma a la sociedad.
Hay ya demasiados que desean silenciar a los periodistas y a sus medios, lo cual es una señal de alerta a la sociedad pues pretende imponerse el propósito de callar y hasta de eliminar la crítica.
Ese grupo de periodistas en la plaza pública exigieron al gobierno que garantice el pleno ejercicio de su oficio, lo cual es necesario reiterar, es fundamental para la democracia; si existe una prensa libre de amenazas, se robustece la democracia y se consolida el Estado de Derecho por encima de los intereses malsanos.
Datos del Comité para la Protección de Periodistas con sede en Nueva York permiten dimensionar la magnitud del fenómeno de violencia contra el libre ejercicio del periodismo: de 1992 a 2017, en México fueron asesinados 38 periodistas a causa de su trabajo. 50 más fueron asesinados sin confirmarse la causa.
El 82 por ciento pertenecía a la prensa escrita, 95 por ciento eran hombres, 61 por ciento cubría noticias acerca del crimen organizado, 11 por ciento cubría a políticos, 8 por ciento cubría a militares.
A 29 por ciento de los ejecutados, los levantaron, a 26 por ciento los torturaron y al 51 por ciento los amenazaron.
Igual de grave lo siguiente: de 2010 a 2016 se han presentado 800 denuncias ante la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión: 107 agresores fueron presentados ante los tribunales, pero solo 3 fueron sentenciados.
Se planteó en la protesta de los periodistas potosinos que en San Luis Potosí crecen las amenazas contra medios y reporteros.
Es cierto, se intenta infundir miedo, se amenaza, se condiciona, se busca sembrar incertidumbre y temores.
La Constitución garantiza el derecho a la libre expresión y al mismo tiempo, obliga a las instituciones públicas a proteger ese derecho, a ser garantes de éste. Que mal sería que las propias autoridades se dediquen a amenazar en vez de proteger, arropar y defender al periodista.
No es posible que el Diario Norte de Juárez de Chihuahua haya cerrado su edición impresa ante la falta de garantías para continuar informando. Eso no debe repetirse en ningún rincón del país y mucho menos en San Luis Potosí.
Por eso, Justicia para Miroslava y respeto a la libertad de expresión.
