La recomendación 55/2015 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, en realidad corresponde a la absoluta responsabilidad de Fernando Toranzo y Cándido Ochoa Rojas. Esa recomendación se debe a la irresponsabilidad, negligencia, omisiones, yerros y caprichos de servidores públicos que en la anterior administración hicieron de la procuración de justicia, una aspiración no cumplida de la sociedad.
Esa recomendación por el crimen de Karla Pontigo hace cuatro años exhibe a San Luis Potosí por la clase de instituciones públicas con que contamos. De hecho, el periodo de Fernando Toranzo es uno de los más lamentables para la procuración de justicia, en cuyo caso, la responsabilidad fue de Cándido Ocho Rojas y de Miguel Ángel García Covarrubias.
La CNDH “acreditó violaciones a los derechos humanos al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, por parte de cuatro agentes del Ministerio Público del fuero común e igual número de peritos, adscritos todos a la PGJ-SLP, en agravio de la joven fallecida, así como de su madre y hermano, por entorpecer la investigación, dilatar e integrar de manera irregular la averiguación previa y vulnerar el derecho de los familiares en su calidad de víctimas”.
Es catastrófico: una Procuraduría de Justicia señalada o mejor dicho, acusada, denunciada, defenestrada a Obstaculizadora de la Justicia. Esto es franca afrenta a una sociedad que encuentra suficientes razones para no creer en instituciones como la que ahora encabeza Federico Garza Herrera.
La Procuraduría pretendió en su momento hacer parecer la muerte de Karla como un accidente y alteró la escena del crimen y de manera deseada, integró el expediente ministerial con ese propósito: no es de procurar justicia sino el de esconder la verdad de lo ocurrido.
La familia de la joven inició una lucha encomiable y contra las propias instituciones del Estado para lograr que se haga justicia a Karla, de ahí que el caso no haya quedado sepultado en el olvido. Eso no habría sido justo para Karla. Ese empeño llevó a que en otras instancias fuera de San Luis se haga algo y se diga algo, pues en San Luis, el Estado y sus instituciones se protegen, se solapan, se encubren, son cómplices.
Si el gobernador Carreras dice que no le gusta la corrupción y si ya tiene un Sistema Estatal Anticorrupción, qué espera entonces para actuar en contra de quienes desde la Procuraduría y otras dependencias del gobierno en 2012, actuaron por encima de la ley y cometieron probables hechos delictivos: el más claro, la alternación de la escena del crimen.
De nada sirve que el gobernador diga a los cuatro vientos que no le gusta la corrupción si en los hechos no mueve un dedo contra ésta.
De la simple lectura de la Recomendación emitida por la CNDH surgen muchas preguntas como líneas de investigación acerca de lo que hizo mal la Procuraduría, pues bien, que se actúe.
Si el gobernador no sabe qué hacer, que se lo pregunte a su “Asesor” en Derechos Humanos y a su Consejero Jurídico.
