Por Antonio González Vázquez
La sociedad espera ver al frente de las instituciones públicas a personas tan respetuosas como temerosas de la ley, despreocupadas de sí mismas, dispuestas al servicio incondicional a favor de los demás.
Sin importar estratos, la sociedad confía en que en las instituciones públicas estén personas comprometidas, solidarias, eficientes y honestas, de modo que exista confianza mutua.
El servidor público, que es esa persona al frente de las instituciones, sabe que trabaja para la sociedad y se dedica y concentra en eso; no le interesa otra cosa sino servir, no hay otro interés mayor que ese.
Sabe que su función es la de atender a los ciudadanos, que está a su disposición, que se debe a ellos, pues ha de recordar que en su momento le dieron su apoyo traducido en votos.
Quizás la mayor aspiración de la sociedad es la de tener instituciones públicas eficientes y servidores públicos tan competentes como humildes, tan sobrios y austeros que solo se de cuenta de su existencia por lo bien que funcionan los servicios y la administración pública.
Desafortunadamente es solo una aspiración.
Al menos en San Luis Potosí, es imposible. Suena a locura pensar que algún día el servidor público estará al servicio de la sociedad y no en contra de ésta. Suena a algo descabellado pensar en un gobernante despojado de cualquier tentación oscura.
Pero es en el nivel municipal donde la aspiración social de tener alcaldes honestos es casi una locura.
En México hay 2 mil 474 presidentes municipales. Encontrar a un verdadero servidor público entre ellos, es como buscar la aguja en el pajar.
Paradójicamente, la figura del presidente municipal, la del servidor público más cercano a la gente, es el que más se aprovecha del cargo y de la gente.
Durante 2017, cinco presidentes municipales fueron encarcelados y 70 más están bajo investigación, mientras que dos ex ediles cayeron en prisión, reportó El Universal en diciembre pasado.
Se puede decir que en México, cada entidad federativa tiene a su puñado de alcaldes dados a la corrupción. Se trata de malos servidores públicos que utilizan el mandato que les dio la sociedad para enriquecerse o para tornarse en autoritarios o hasta déspotas.
El país está lleno de servidores públicos corruptos y los palacios municipales parecen incubarlos con profusión.
El semanario Proceso y Astrolabio Diario Digital difundieron una investigación que ilustra lo que hemos comentado líneas arriba. Un servidor público en funciones y un ex servidor público, bajo sospecha.
Cuentan que allá por los lejanos cincuenta y sesenta, los alcaldes de Soledad, por ejemplo, llegaban al palacio municipal en bicicleta o caminando. Iban a trabajar como quien sabe que su única premisa es hacer las cosas bien.
Luego, al paso de los años, los ediles de esa localidad tenían sus pequeños arranques y si había que pavimentar una calle, pavimentaban la propia; si había que alumbrar una calle, pues colocaban las lámparas y postes afuera de su domicilio.
Eran sus inofensivas miserias.
De acuerdo con la investigación a la familia Gallardo, el servicio público ha sido oportunidad para levantar un emporio económico y de indudable poder político. De prácticamente no tener nada, han pasado a tener todo lo que les plazca.
El número de propiedades y su monto millonario, deberían ser vistos como una afrenta a la sociedad, pero también, debería ser motivo de investigación dado que no hay explicación al hecho de que un alcalde y un ex alcalde hayan acumulado en unos años 120 millones de pesos en propiedades.
La sociedad mexicana se escandalizó al extremo con casos como el de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, cuyo costo estimado fue de 86 millones de pesos.
Bien visto, esa cantidad palidece ante las compras de la familia Gallardo.
