Por: Antonio González Vázquez.
Trece meses después, la justicia asoma su rostro para Diego. El Ministerio Público consignó al Juez VIII del Ramo Penal, Ernesto Rivera Sánchez la averiguación iniciada por la muerte del menor, en cuyo caso, la familia acusó responsabilidad de empleados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
El Poder Judicial tiene ahora la palabra y tendrá que resolver con prontitud y apego a la ley. No es prudente mantener la prolongada y doliente espera que por la justicia tiene la familia de Diego.
El trabajo realizado por el Ministerio Público en este caso está en juego, es de esperarse del representante social un trabajo riguroso y profesional. Es de confiar que el expediente consignado no presente debilidades y sea resultado de una investigación rigurosa y por tanto, incontestable.
Será el juez el que defina y habrá de hacerlo ajeno a presiones ajenas a la impartición de justicia. La Universidad es una institución poderosa y el rector Manuel Fermín Villar Rubio es una persona muy influyente. Lo deseable es que no echen a andar la maquinaria de la prepotencia institucional y que no caigan en la tentación de influir en el juzgador.
La familia de Diego busca justicia y será el juez el que lo defina y en eso, nadie tiene derecho de interferir.
Diego murió en condiciones accidentadas en donde imperó la omisión y hasta negligencia de quienes tenían la responsabilidad de cuidar a los niños en el campamento de verano de 2015. Lo justo es que se defina qué ocurrió, cómo ocurrió y quienes tuvieron alguna responsabilidad en la muerte de un niño de apenas doce años de edad.
Ojala que la justicia que empieza a asomar su rostro pronto se muestre por completo y honre la memoria de un inocente.
