La libertad de expresión representa para la democracia y la sociedad, un bien imprescindible, de tal modo que sin esta, difícilmente puede haber democracia y mucho menos una sociedad activa y bien informada.
De hecho, la libertad de expresión goza de la protección constitucional en las democracias del mundo pues con ello, se busca garantizar el derecho de la sociedad a estar informada. Todo aquello que atente contra la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información, resulta perjudicial puesto que genera un rompimiento doloroso entre sociedad y gobernantes.
La experiencia reciente en México es muy dolorosa en cuanto a casos de agresiones contra de periodistas y medios de comunicación por publicar lo que al poder público no le conviene. Ha habido desapariciones forzadas, casos de amenazas y tortura, hasta llegar al asesinato. Es triste que a México se le tenga como uno de los países de mayor riesgo para ejercer el periodismo.
San Luis Potosí no escapa de esa situación, tan es así que se publicó una ley que protege el ejercicio periodístico y existen comisiones de seguimiento de denuncias en los poderes ejecutivo y legislativo.
Desde hace unas semanas en que se empezó a publicar información documentada sobre gastos excesivos y al parecer, injustificados por parte del ayuntamiento de la capital, los medios que han publicado datos en ese sentido han sido denostados por el propio presidente municipal, el perredista, Ricardo Gallardo Juárez.
Pese a que algunos periódicos han publicado notas bien sustentadas y con datos oficiales, la respuesta del gobierno de Gallardo ha sido la agresión y hasta la difamación, pues alega que le pegan porque no paga a los medios. Habrá que decir que sí le paga a muchos medios a los que les da publicidad desde el inicio de este año. Esos medios, suelen llamarlo Don Ricardo.
El canal 7 de televisión dio a conocer un artículo en el que esa empresa fija postura ante ataques de que fue objeto por el propio presidente municipal durante un evento público.
El alcalde lanzó acusaciones contra el conductor de uno de los noticieros y lo llamó “conductorcillo” y “chaparrillo”, acusó al medio de mentir y difamar a su administración e instó a sus seguidores a que repudien a ese canal de televisión y a sus trabajadores.
La empresa anunció que presentará una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, además de que recurrirá a instancias nacionales e internacionales para denunciar al edil.
La actitud prepotente del alcalde también ha alcanzado a otros medios que publican lo que él no quiere que conozca la sociedad.
Un servidor público debería ser el primero en respetar la ley y los derechos de los demás, pero cuando no lo hace, es porque le está ganando la soberbia de quien no acepta una sola crítica por bien fundada que esté.
En una democracia, la crítica periodística no es solo es visto como algo necesario, sino como algo normal, pero parece que en la capital de San Luis Potosí eso no es posible pues lo que priva es la intolerancia. Debe haber espacio para la mesura pues palacio municipal no se debe convertir en una atalaya tiránica.