Por Antonio González Vázquez
José Rubén Pérez Díaz estuvo preso durante seis años y estaba sentenciado a 48 años de cárcel por un doble homicidio que no cometió. Fue torturado por agentes de la Policía Ministerial para que confesara un crimen del que no era responsable.
Es una más de las historias negras de la policía que deberían disminuir hasta desaparecer.
La Procuraduría General de Justicia lo debe de saber y también en la Policía Ministerial. O mejor dicho, siempre lo han sabido. Es decir, hoy lo sabe Federico Garza pero en su momento lo supo Cándido Ochoa Rojas.
a) La tortura se utiliza predominantemente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la persona detenida ante la autoridad judicial, y con motivo de castigar y extraer confesiones o información incriminatoria.
b) La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó de 11 mil 608 quejas por torturas y malos tratos entre 2006 y abril de 2014. En ese mismo lapso, organizaciones de la sociedad civil reportaron 500 más que no se denunciaron.
c) La tortura y los malos tratos son generalizados en México y se ejerce por parte de policías municipales, estatales y federales, agentes ministeriales estatales y federales, y las fuerzas armadas.
d) Muchos casos no se denuncian por temor a represalias o desconfianza y existe una tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad. Igualmente el número de denuncias y quejas es muy alto.
e) En general, las víctimas de torturas y maltratos son personas de bajos recursos o de sectores sociales marginados, lo que agudiza los problemas de estigmatización y debilidad de las salvaguardias de protección.
