Por Antonio González
En este año que está ya en sus últimos días, por primera vez, fue asesinado un periodista potosino. Edgar Daniel Esqueda Castro, el crimen permanece impune. Pero ese, no es el único agravio que enfrentan los periodistas en San Luis y en México. Hace unos días, en la Cámara de Diputados se aprobaron reformas al Código Civil Federal para sancionar a los periodistas que difundan información que “lastime” la imagen y la “honra” los corruptos, necios e ineptos que hacen de la política y del servicio público un lodazal.
Ayer, la organización Reporteros Sin Fronteras dio a conocer su informe anual sobre los riesgos del periodismo en el mundo, y México es primer lugar con 12 asesinatos, entre ellos, el de Edgar Daniel. Este año, fueron asesinados 65 periodistas, 12 de ellos en nuestro país.
Lo más grave es que México no está participando en un conflicto bélico y que su cobertura ponga en riesgo a los periodistas. En México incluso las autoridades están entre los agresores de los periodistas.
El año cierra de modo fatídico, pues apenas el martes asesinaron a otro periodista en el estado de Veracruz.
El panorama es negro para todos. Están los riesgos frente a los criminales, pero también frente a policías y militares, e incluso, gobernantes y representantes populares.
De ningún modo se debe simplificar la reforma aprobada por el Congreso de la Unión que permite que un periodista sea llevado a los tribunales por ejercer su oficio, ya que se trata de una amenaza más, ésta desde el poder público, cuyo propósito es limitar el acceso de la sociedad a la información relevante.
Con la reforma, se establece en el Código Civil Federal, que se considerará como hecho ilícito la comunicación, a través de cualquier medio, de un hecho, cierto o falso, que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio a alguien.
Esta reforma la impulsó el PRI en la Cámara de Diputados y en el Senado, para lo cual, contó con el respaldo de su aliado el PVEM.
Cuidado entonces, si se le dice corrupto a un alcalde, diputado, regidor, juez o gobernador porque estaría causándole descrédito y deshonra. Si usted es periodista y lo hace, lo pondrán ante un juez y éste le dictará una sentencia. En este caso, si expedita y rápida porque no puede haber nada más ignominioso que exhibir a un corrupto.
No se trata solo del riesgo frente a la delincuencia, ahora también con los políticos y servidores públicos corruptos.
Esa reforma es un absurdo: hace ilegal lo que informe un periodista cuando alguien argumente que se siente deshonrado, desacreditado o expuesto al desprecio social.
Para ser más claros, es probable que Enrique Flores, Oscar Bautista, Manuel Barrera, J. Guadalupe Torres, Jesús Martínez Loredo y toda la Ecuación Corrupta al sentirse lastimados en su honra, decidan llevar a juicio a quienes con sus notas los han deshonrado.
Si usted publica algo que inquiete y cause zozobra a algún funcionario, ándese con cuidado porque estará pasando de periodista a presunto delincuente.
Hay un peligro mayor que se cierne sobre el periodismo y no son solo los criminales, se suman ahora las leyes y sus instituciones públicas.
