La muestra palmaria de ignorancia e intolerancia que dio el cabildo capitalino en materia de transparencia y derecho de acceso a la información pública, es reflejo de la precaria formación política, cultural e intelectual de cientos de “servidores públicos” que en San Luis Potosí solo saben cobrar, mentir y simular.
La crónica que publica Astrolabio de la reunión sostenida por regidores de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento y la diputada Josefina Salazar Báez, quien presentó el predictamen de la reforma que se alista por obligación que deriva de la reforma a la Ley General, es extraordinaria en cuanto desnuda con crudeza las burradas de los funcionarios municipales.
No vale la pena repetir los deslices de los funcionarios en toda la plenitud de su falta de conocimientos sobre algo que están obligados a saber, pero si es dable colocarlos como la antítesis del tipo de funcionario que se requiere en San Luis Potosí.
Sin la mínima instrucción respecto del espíritu y contenidos de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública, se dieron a hablar sin ton ni son, como simples opinadotes que se sienten doctos y en realidad dan pena.
Pero la ignorancia es algo que se resuelve si se tiene voluntad de no seguir apareciendo como ignorante. La educación lo puede todo, incluso, que un servidor público se cultive un poco aunque en el fondo considere que eso no es necesario.
Lo más grave son las actitudes sobradas de sabiduría barata que han enarbolado mucho funcionarios desde que se creó la Ley de Transparencia, a saber, por ejemplo, que los peticionarios de información son verdaderos apátridas que quieren acabar con las instituciones.
Es risible pero eso piensan (lo cual ya es decir mucho) o más bien eso creen, pues tienen en mente que absolutamente nadie tiene derecho a fiscalizarlos ni a pedirles información de lo que hacen en las instituciones.
Quizá el caso más grave es el del secretario General del municipio, Marco Antonio Aranda. En primer lugar, habló para irse a otro lado pues la transparencia no es para nada algo que le sea importante a él y en segundo lugar, sus dichos demuestran que su desconocimiento de la Ley nos hace preguntarnos ¿Cómo fue posible que haya sido magistrado, presidente del poder judicial, secretario general de gobierno?
Sin duda esos cargos no están relacionados con sus conocimientos.
Imagínese el lector, el secretario General del municipio no sabía que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es sujeto obligado de la Ley desde que se creó la Ley.
Por Dios, que hemos hecho los ciudadanos para merecer funcionarios tan pedantes como ignorantes.
Gerardo Gutiérrez, Enrique González, Juan Carlos Torres, Mauricio Rosales, Leticia Lozano y Marco Antonio Aranda, si no saben nada, mejor no hablen; si tienen un cargo público infórmense y estudien, esa es su obligación pues la verdad, dan pena ajena.
