En su momento, Martín Toranzo, hermano del gobernador Fernando Toranzo, denunció que en el gobierno de su hermano la justicia se hacía según el interés político del mandatario. Lo dijo en pleno ejercicio de gobierno de su hermano. Cuanta razón tenía y los hechos lo demuestran. Solo que no sabemos si esa situación perdura y se trate de unan tentación en la que tarde o temprano caiga el gobernador en turno.
Previo a las elecciones de 2015, a Fernando Toranzo se le ocurrió que no le sería conveniente que el ex gobernador Marcelo de los Santos fuera candidato a presidente municipal de San Luis Potosí, así es que a través de la Contraloría del Estado le armó al vapor un expediente y una multa y una inhabilitación por 20 años para ocupar cargos públicos.
Con bombo y platillo, el gobierno de Toranzo anunció la multa de unos 7 mil 900 millones de pesos y la desactivación política de De Los Santos. Desde un principio se entendió que no se trataba de algo serio sino que era simplemente sacar al ex gobernador del proceso electoral, lo cual al final, logró Toranzo.
Apenas se hacía el escándalo por la millonaria multa y todo mundo apostaba que no iba a pasar nada y en efecto, nada pasó. El gobierno de Toranzo nunca pretendió atacar a fondo de De Los Santos, solo lo quería asustar. Si en realidad la intención hubiese sido hacer justicia por el presunto desvío del crédito de mil 500 millones de pesos, debió seguirse la ruta del juicio político y no la vía administrativa.
Toranzo utilizó a las instituciones públicas del gobierno a su cargo con fines político – electorales.
Cuando en septiembre pasado el ex gobernador De Los Santos ganó el pleito al gobierno al serle concedido un amparo con carácter de suspensión definitiva, el nuevo gobierno hizo todo lo posible por no hacer nada. La administración de Carreras no compró la animadversión de Toranzo por Marcelo.
Ya lo dijo ayer el gobernador, es un asunto ya de años, en cuyo caso, se respetan las resoluciones judiciales. Es decir, Marcelo de los Santos ya no tiene enemigos en palacio de gobierno.
El problema es que el presunto daño al erario público derivado del crédito de mil 500 millones de pesos simplemente ha fenecido, de haber algún delito, ya prescribió, ya no hay nada que hacer. Esa es la absurda realidad, pero en el fondo, no se trata de otra cosa sino de un asunto más de impunidad.
Alguien podrá caer en prisión por robarse una gallina o unos frijoles para comer, pero lo que nunca se habrá de ver es que un gobernador meta a la cárcel a un ex gobernador. Se protegen, forman parte de la misma casta de corruptos que se dedican a saquear la hacienda pública porque saben que nadie les hará nada. Total, a cada quien de vez en cuando le llueve en su milpita.
Ya le tocó a Marcelo, ya le tocó a Toranzo y ahora le toca a Carreras. ¿O hay otra explicación?
