Por Antonio González Vázquez
Transparencia Internacional dio a conocer un dato que debiera avergonzar a todos, pero en especial, a las autoridades de los tres niveles de gobierno: México es el país más corrupto de América Latina y del Caribe.
No hay quien le gane a México en corrupción, somos el “Gigante” del continente. Es un primer lugar ganado a golpe de actos de corrupción todos los días, a todas horas y en todos los niveles. Moches por aquí, mordidas por allá, sobornos por acá.
En México, el 51 por ciento de los entrevistados dijo que pagó sobornos o tuvo que hacer algún regalo a funcionarios para acceder a servicios escolares y hospitalarios, para obtener un documento de identidad o acceder a un policía o un juez.
“México evidencia claramente los más graves índices de corrupción en la prestación de servicios públicos”, según el estudio la mayor corrupción está en el caso de escuelas, atención de la salud y documentación personal.
Es posible entender porqué en San Luis Potosí tenemos casos tan sonados de corrupción como el de los diputados y auditores de la Ecuación de Corrupción. Vivimos en un país con instituciones y servidores públicos que incurren en actos de corrupción porque quieren dinero y poder.
Los ciudadanos contribuimos a que los funcionarios y burócratas se salgan con la suya, pero desafortunadamente es así porque la necesidad obliga. Si no se sueltan unos pesos, el funcionario o burócrata simple y sencillamente no se mueve.
La percepción de corrupción en México es entonces la más alta de todo el continente y eso que tenemos leyes de “avanzada” en rendición de cuentas, transparencia, auditorias presuntamente autónomas, contralores por todos lados y decenas y decenas de supuestos candados para impedir la corrupción.
El caso es que la corrupción se derrama sobre la mesa de los ciudadanos como leche hirviendo, no hay quien controle nada, no hay sanciones y sí mucha, mucha impunidad en todos los niveles.
Aquí tenemos la Ecuación de Corrupción, pero también en el transcurso de los años hemos tenido otros diputados, alcaldes, gobernadores, jueces y magistrados que han puesto su granito de arena para construir esa sólida percepción social en todo el país de que México es un país corrupto.
Lo deseable es que ante los casos que se presentan en San Luis ahora sí se actúe. Hay toda una legislación y un sistema diseñado para combatir a los corruptos, que esto no se quede en el papel sino que se convierta en acción institucional.
El gobernador Juan Manuel Carreras López puede aportar mucho en esto, ojalá que lo haga con energía y oportunidad.
