Por Antonio González Vázquez
Mientras que el gobierno municipal mantiene el silencio ante la urgencia de aclarar públicamente su propuesta de modificación al contrato con Panavi, surgen nuevas dudas que colocan otra lápida de dudas a la intención de ampliar de mil 301 millones a mil 512 millones de pesos.
Como ya lo apuntaron hace unos días la periodista Adriana Ochoa en su columna, La Cábala y el columnista Oswaldo Ríos Medrano en su Astrolabio, parece estarse pasando por alto el tema de que el contrato modificatorio representa la contratación de deuda pública.
El apunte deja ver que el proyecto de modificación del alcalde Ricardo Gallardo Juárez obliga a tomar en cuenta, para su autorización lo que ordena la Ley de Deuda Pública del Estado, lo cual por cierto, brilla por su ausencia tanto en la propuesta gallardista como entre los diputados que avalan el proyecto.
Lo cierto es que al ponerse en garantía las participaciones presentes y futuras e inclusive, sus remanentes, el ayuntamiento tendría que solicitar el visto bueno del gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y de Gobierno del Estado por medio de la Secretaría de Finanzas.
La iniciativa que en su momento envió el edil capitalino al Congreso y lo que se llevó al dictamen en Comisiones no toca el tema de la deuda pública pese a ser deuda pública, lo cual se presenta como un argumento más para quienes consideran que no debería de autorizarse la modificación del contrato a Panavi, no solo por lo desventajoso que es para la ciudad sino también porque simple y sencillamente no sería legal.
Lo extraño es que seguramente el gobernador Juan Manuel Carreras sabe de lo que se trata y no dice nada, no se pronuncia ni se mueve. Es una omisión grave pues la viabilidad del ayuntamiento capitalino está en riesgo.
Ante la sombra de la deuda pública detrás de la modificación del contrato, la administración de Gallardo en lugar de explicar y documentar el tema para dar certidumbre a los ciudadanos, opta por enviar a sus mensajeros a que hablen bien del proyecto de modificación del contrato.
Sin presentar documentos ni mucho menos un análisis serio, el diputado Enrique Flores salió a defender a Gallardo, como si sintiéndose fuera del PAN lo mejor para él sería entrarle al gallardismo porque ahí si hay no solo presente sino también futuro.
Salio con una de esas frases que se ha convertido en lugar común y hasta en muletilla latosa: “no vamos a obedecer a presiones a favor o a presiones en contra”, dijo al asegurar que su votó será por lo correcto.
Y como si ya fuera diputado gallardista aseguró en plan retórico que: “El Cabildo tuvo la responsabilidad total de revisar los extremos del contrato, el Ayuntamiento tuvo en todo momento la responsabilidad de las cláusulas del contrato; lo que nos toca en el Congreso es revisar si es legal o no ésta procedencia a los cambios del contrato y más aún, el Congreso del Estado está impedido para decirle a los ayuntamientos cómo gastar su propio recurso, pero si revisamos el ejercicio, que lo hayan hecho en extremos de ley”.
Total que el diputado Flores, en vías de ser expulsado de las filas del PAN nunca explicó porque la modificación conlleva contraer deuda pública ni tampoco quienes se benefician de la ampliación del contrato en más de 200 millones de pesos.
