Por Antonio González Vázquez
La nómina de aguinaldo de los 27 diputados locales fue de 11 millones 770 mil 232 pesos con 51 centavos.
La nómina de aguinaldos ejercicio 2016 de los empleados del Congreso del Estado fue de 7 millones 450 mil 865 pesos con 29 centavos. La misma cantidad es para el ejercicio 2017.
Es decir, unos 26 millones de pesos.
Se presentará al pleno una iniciativa para prohibir en adelante el pago de aguinaldo al gobernador, alcaldes y diputados.
La iniciativa advierte que en San Luis Potosí, el Gobernador del Estado, los 27 Diputados, los 58 Presidentes Municipales, 66 Síndicos y 387 Regidores; reciben cada año, la percepción del aguinaldo e incluso en ocasiones otras denominadas bonos, las que sin importar la denominación que se les dé, carecen de sustento legal.
Agrega que:
“El aguinaldo debe ser pagado a todos aquellos empleados o funcionarios públicos que tengan una relación laboral, es decir, de supra subordinación, sin importar si cuentan con una base, o son empleados o funcionarios de confianza. Quienes ejercemos un cargo de representación, lo hacemos por disposición de ley a través de la elección popular, ejercemos el carácter de autoridad y no tenemos una relación de supra subordinación; es decir, no tenemos una relación laboral con el Estado, y por lo tanto no debemos recibir esa prestación económica, por lo que es necesario llevar a cabo modificaciones a los ordenamientos legales a los que se refiere la presente iniciativa”.
Bien visto, la eliminación de aguinaldo, bonos y compensaciones debiera alcanzar a la burocracia holgazana que vive en el paraíso del erario público. Da el caso que los burócratas reciben tantos bonos y comisiones que pronto les darán un bono por respirar.
La iniciativa es de la diputada Lucila Nava quien admite, al parecer sin pena alguna que “los integrantes de la llamada “clase política” compuesta por quienes ejercemos un cargo de elección popular, no estamos haciendo nada para contribuir con medidas de austeridad, para paliar en mayor o menor medida la crisis financiera del Estado”.
El destino de dicha iniciativa, sobra anticipar, irá a parar a la congeladora legislativa sino es que derecho al bote de la basura.
