Por Antonio González Vázquez
El Sistema Estatal Anticorrupción que debió tener trato preferente en el Congreso del Estados y cuyo análisis y resolución se atraso a tal grado de implicar una violación constitucional no tendrá salida pronto. Pese a que la corrupción e impunidad son los principales males que afectan a San Luis Potosí, el tema es manoseado de manera oportunista y se le simplifica con el ánimo de no ir a ningún lado.
Ese Sistema representó en su momento, el primer paquete de iniciativas que en un Decreto envió el gobernador Juan Manuel Carreras López al Congreso del Estado y luego, anunció que había optado por darles el tenor de preferente.
Sin embargo, no hubo acuerdo con los diputados a los que se les paso el tiempo sin que se dieran cuenta y no resolvieron en el plazo que marca la ley, por lo que buscaron una salida apresurada para justificar su omisión.
Al final se eliminó el concepto de preferente para deslindar la responsabilidad legal de los diputados así como para poner a salvo la integridad del gobernador que, a su vez, nunca tuvo el tino de recordar a los diputados que tenían un decreto importante al que no estaban atendiendo.
Luego de que se hizo pública a través de la prensa la irresponsabilidad de los legisladores y el desinterés del propio gobernador, en el Congreso se acordaron que es a los diputados a los que les toca legislar y por fin se pusieron a hacer algo (no se puede aventurar que a trabajar pues eso es decir mucho) y activaron el proceso legislativo en comisiones para atender lo relacionado con el Sistema Estatal Anticorrupción.
“Yo creo que a finales de febrero o entrando el mes de marzo tendremos ya todo esto procesado y sin duda es un gran logro de esta Legislatura el tener todos estos temas de suma importancia para la vida política de San Luis Potosí”, anunció ayer el diputado del PRI, Óscar Bautista Villegas.
Es decir que pasará un mes más y probablemente dos, hasta que se lleve el tema al pleno a votación, por lo pronto todo es simulación y engaño: el gobernador y los diputados cada que pueden hablan de combatir la corrupción en las instituciones públicas, pero en los hechos no hacen nada para combatirla.
Luego de seis meses, apenas las comisiones de Puntos Constitucionales; Gobernación; Justicia; y Vigilancia acordaron enviar un oficio a Gobierno del Estado para conocer el impacto presupuestal para la implementación del sistema anticorrupción.
“Estamos entregando un comparativo de cada una de las iniciativas para poder tener algunas modificaciones de suma importancia y vitales en cada uno de los temas, hoy se dieron ustedes cuenta que pedimos un documento para saber el impacto presupuestal de la creación de la ampliación de los propios magistrados, que esto nos tiene que permitir saber que hay el recurso económico para la implementación de todo ello”, explicó Bautista Villegas.
O sea, se reúnen seis meses después para ver el Sistema Estatal Anticorrupción y para los diputados eso es “prioritario y de suma importancia”.
