En la sesión de cabildo del mes del 20 de junio de 2008 cuando se aprobó concesionar el servicio de recolección y disposición final de la basura a la empresa regiomontana VIGUE, el regidor por Carlos Covarrubias Rendón propuso que esa decisión fue sometida a consulta de la sociedad. La propuesta fue rechazada.
Les dijo que privatizar el servicio no era un asunto de carácter administrativo sino también social dado el impacto que habría en cientos de familias de pepenadores, así como de trabajadores del área de limpia que perderían.
En ese tiempo en la administración de Jorge Lozano había un impulso privatizador pues estaba también el caso de Aguas del Poniente.
Como sea, esa administración panista no pidió la opinión de los capitalinos en torno a esos dos temas y simplemente tomaron decisiones por mayoriteo.
Eso mismo se está haciendo ahora en 2016. Se actúa sin tomar en cuenta a la sociedad, simplemente se toman decisiones y ya, aunque éstas vayan a afectar a la ciudadanía.
Por mayoría, los regidores del PRD aprobaron en el cabildo rescindir el contrato de VIGUE e igual que en 2008, a nadie le pidieron su parecer. Antes se hizo lo que quería Jorge Lozano y ahora se hace lo que quiere Ricardo Gallardo.
Resulta particularmente significativo que dos partidos políticos, diferentes porque dicen que uno es de izquierda y otro de derecha, a la hora de gobernar, hagan lo mismo en términos de imponer sus criterios sin consultar a nadie.
Hay una incongruencia significativa puesto que un perredista en el cabildo de Lozano propuso la consulta pública y ahora, un gobierno del mismo PRD actúa mediante una imposición.
El problema es que nadie pregunta a los ciudadanos nada. Luego de que se les pide el voto ya no se los vuelve a ver. No hay asomo de un gobierno municipal que aliente la participación ciudadana. Se le busca al ciudadano para darle regalos y así comprar su voluntad, no se considera valiosa su opinión.
En vez de regalar kilos de tortillas y garrafones de agua, el alcalde debería considerar la voz de los capitalinos. Eso si sería un acto democrático y no la dádiva convertida en política pública de asistencia social.
Que pregunte a la gente si quiere que el ayuntamiento sea el que recolecte la basura o que se mantenga a la empresa.
