Por: Antonio González Vázquez.
El consejero de la Judicatura, Carlos Alejandro Ponce Rodríguez, es uno más de los servidores públicos beneficiados por la inoperante legislatura local que, además de coleccionar escándalos de ignominia y centenares de iniciativas de ley pendientes y rezagadas, tiene en su haber algunas decenas de peticiones de juicio político congeladas en una gaveta olvidada en las comisiones de Gobernación y en la de Justicia.
Los miembros de la legislatura local, por supuesto, en todo un año no se han caracterizado por su oportunidad en la atención y resolución a lo que les llega por encargo de la ciudadanía.
Si no son capaces de dictaminar iniciativas que ellos mismos presentan a manos llenas, menos lo van a ser para analizar la posibilidad de llevar a juicio político a un funcionario del Poder Judicial acusado de homicidio.
Desde el pasado día 22 de junio, el Congreso del Estado recibió la solicitud de juicio político en contra de Ponce Rodríguez y es hora que no resuelven nada.
El abogado Juan José Zavala Pérez les recordó por escrito a los diputados que tienen pendiente ese caso y les urgió a rendir un informe de la situación que guarda la petición a tres meses de presentada.
Qué raro, asuntos rezagados que alimentan la impunidad, como el caso de Ponce Rodríguez, no formó parte del primer informe de actividades legislativas. Será quizá, que ya se pusieron de acuerdo para no hacer nada de nada, de nada, de nada.
