Por Antonio González Vázquez
Las relaciones entre el poder y la prensa siempre han sido complejas y controvertidas, dado que por lo general prevalecen criterios cortesanos de sumisión. Las instituciones públicas adquieren compromisos con los propietarios, directivos y empleados de medios de comunicación y viceversa pero de eso poco les gusta hablar a ambos lados.
Para las instituciones no es de su agrado que se sepa lo que gastan en publicidad en los medios de comunicación y a éstos, tampoco les parece que se conozcan sus pingües ganancias que derivan de la publicidad oficial.
Los medios negocian con las instituciones planes de publicidad que pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales o anuales y cuando los concretan todos están muy contentos ejerciendo la libertad de expresión.
Pero da el caso que más allá de los convenios o contratos que se firman con todo y cláusulas y condiciones, existe una especie de acuerdo de palabra muy sencillo: si te compro publicidad, échame la mano, no me pegues o de menos, matiza tus críticas pues te estoy dando a ganar mucho dinero. Los medios se acomodan a eso y buena parte se convierten en aliados de las instituciones y de quienes las encabezan.
El jefe de prensa o de comunicación social de cualquier institución hace lo necesario para sortear problemas, salvar crisis o simplemente para que su jefe se lleve la de ocho o en su caso, se elimine información desagradable y negativa.
La mayor parte de los medios acceden a ello. No hay porque sorprenderse, así operan las cosas en un estado donde la prensa es más sumisa y dependiente de las instituciones que crítica y comprometida con sus lectores o audiencias.
En ese contexto, Astrolabio presenta una denuncia de un reportero de un medio de comunicación que al mismo tiempo trabajaba para el PRI, es decir, tenía dos jefes: su medio y el presidente estatal del PRI.
Se reconoce en todo código deontológico que un periodista no puede, en el ejercicio de su actividad, ser parte de las estructuras de gobierno y menos aún, recibir recursos públicos al mismo tiempo. Es decir, se es periodista o burócrata.
Sin embargo, el hecho de que un medio de comunicación reciba recursos públicos por medio de paquetes de publicidad no le da el derecho a ninguna institución a ordenar nada, mucho menos que despidan a un trabajador.
Lo que explica eso es que desde siempre ha existido un ser inmaterial que se llama PRI-Gobierno que se mueve siempre en la lógica del poder versus sumisión. Es especie conocida que el PRI es una oficina más del gobierno, eso se ha dicho siempre y el caso más obvio y reciente, es la elección de Enrique Ochoa como líder nacional del PRI.
En San Luis el jefe político del PRI es el gobernador Juan Manuel Carreras y luego entonces en el PRI se hace lo que él, o sus empleados, ordenan.
El caso del despido de Everardo González del PRI se inscribe en un acto de poder que necesariamente trae consigo violaciones a las garantías de un ciudadano y deja en evidencia que en efecto, en el PRI se hace lo que el gobernador dice. Así es en el PRI-Gobierno, pero también en las administraciones de gobierno en manos de otros partidos políticos.
Se trata de un caso de orden laboral que debe ser resuelto por la vía legal y con respeto a los derechos del demandante.
La libertad de expresión por su parte, tan limitada como siempre, lastimada como siempre, aunque no solo por el poder público sino también por quienes ejercemos este oficio, que Gabriel García Márquez definió como el más hermoso del mundo.
