Parecía ser un proceso muy bien armado. Parecía ser una investigación impecable, eso parecía. A nadie le puede extrañar que al Ministerio Público se le caiga un caso por lo endeble de sus pruebas, de hecho esa es la norma en México; de ahí el índice de impunidad rondando el 98 por ciento. Tampoco es de extrañar que la Procuraduría General de la República haga el ridículo, pues de esas historias hay muchas, la más reciente, el desmoronamiento de la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam.
Es decir, la institución del Ministerio Público es en México una de las más débiles y al carecer de autonomía depende, en muchas ocasiones, del devenir de las aguas políticas, de los caprichos de gobernadores y presidentes o de grupos de poder fáctico o público.
Ricardo Gallardo Cardona logró su libertad tras once meses en la cárcel porque un tribunal federal resolvió que la PGR y el MP no lograron demostrar los delitos de los que presuntamente Gallardo era culpable, a saber, delincuencia organizada y operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita.
En serio, el pasado seis de enero cuando Gallardo Cardona fue detenido en un operativo federal con tintes de novela barata de televisión, se aseguraba que el recién separado de la presidencia municipal de Soledad de Graciano Sánchez utilizaba al ayuntamiento para triangular fuertes cantidades de dinero. Se estimó que había realizado operaciones financieras, probablemente ligadas al crimen organizado, en un orden de 200 millones de pesos.
Parecía una investigación perfecta, había datos, cifras, nombre de personas y empresas, pero al final eso al parecer no demostró nada.
Insistimos, así de mal funciona la procuración de justicia en México. Es patético.
Pero seguramente Ricardo Gallardo, ya libre, debe estar pensando en quién le hizo esa jugada tan desagradable. Iba directo a la candidatura a gobernador por el PRD y en vez de eso lo llevaron directo al reclusorio de Hermosillo, Sonora y luego al de Ocampo, Guanajuato.
Ese tipo de cosas son de las que nadie puede olvidar y es probable que Gallardo no sea un olvidadizo.
Un dato para reflexionar sobre el caso: Martín Toranzo llamó al secretario general de gobierno de la anterior administración, Cándido Ochoa Riojas, vicegobernador y aseguró en reiteradas ocasiones que en San Luis Potosí, la justicia se aplicaba con fines e intereses políticos.
No había nadie tan poderoso como Cándido Ocho Rojas y en enero pasado, cuando Gallardo se alistaba para ser candidato a gobernador, Ochoa se apuntaba para ser candidato a diputado federal, pero su compromiso con Toranzo era hacer que el PRI mantuviera el poder.
Y lo logró, puede ser que por eso Gallardo Cardona se pasó once meses en la cárcel y que al final, no le hayan probado un solo delito. Muy extraño. Si alguien pretendía inhabilitarlo para garantizar que Juan Manuel Carreras fuera gobernador, por considerar que el Pollo era de peligro, pues entonces logró su objetivo, aunque para ello, está claro que una vez más, se utilizan las instituciones públicas con fines políticos.
Que mal.
Habrá que esperar la revancha del Pollo pues con toda seguridad se pondrá a buscar a los culpables de su encierro.
