Por: Antonio González Vázquez.
Cada 17 horas la Procuraduría General de Justicia recibe una denuncia por violación sexual. El dato es estremecedor. Revela una sociedad en la que a la mujer no se le respeta y se le trata como objeto sexual.
Pero pese a la gravedad del caso, la situación mucho más grave de lo que se puede pensar. Se estima que por cada delito se violación sexual denunciada, hay hasta diez que no se denuncian.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2016) la cifra negra de delitos en el país es tan elevada que es de dar lastima, pues apenas el 10.5 de los delitos cometidos en 2015 fueron denunciados.
De ese 10.5 por ciento, el Ministerio Público inició carpeta de investigación solamente en el 59.6 por ciento de los casos.
Más desastroso imposible: la ENVIPE dice que en 2015 se inició averiguación previa apenas en el 6.3 por ciento de los delitos, lo que representa que un 93.7 por ciento de los delitos cometidos no fue denunciado.
Es patético.
Y si acaso no fuera suficiente para el desaliento, la ENVIPE refiere que del total de averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público, en el 45.9 por ciento de los casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia.
Entre los delitos considerados en la revisión de esa Encuesta que se dio a conocer hace unos días por parte del INEGI, se encuentra el delito de violación sexual.
La enorme impunidad existente, la desconfianza de las mujeres en la denuncia y la ineficacia histórica de las autoridades competentes, explica lo que pasa en San Luis Potosí donde niñas, adolescentes y mujeres adultas son violadas sin que pase nada, sin que haya castigo.
El oprobioso crecimiento de ese delito a partir de 2009, exhibe a Fernando Toranzo como lo que fue, un funcionario que llevó al estado a una situación de atraso y mediocridad.
Es responsabilidad del gobernador Juan Manuel Carreras que se actúe con eficiencia y oportunidad. Es necesario atender el caso porque es una vergüenza para todos, como sociedad y como gobierno.
