Por Antonio González Vázquez
Al día de hoy suman siete meses y tres semanas desde que se supo del caso de la Ecuación Corrupta. Y no ha pasado nada…ni pasará nada.
Algo de razón tiene el presidente estatal del PAN, Xavier Azuara al afirmar que el caso está olvidado y solo encuentra la indiferencia de las autoridades.
Oscar Bautista Villegas, Manuel Barrera Guillén y J. Guadalupe Torres Sánchez, diputados del PRI, PVEM y PRD, señalados por Enrique Flores como parte del grupo dedicado a extorsionar a presidentes municipales, hoy en día siguen cobrando puntualmente sus dietas y gozando del caudal de beneficios que da ser parte de la también llamada Asamblea de Vagos.
Nadie hasta el momento ha sido sancionado porque las carpetas de investigación abiertas parecen estar congeladas.
Y acierta el presidente del PAN cuando afirmó que pareciera que en la Procuraduría General de Justicia no se propone hacer nada.
Es la impunidad.
Pero ahí no terminan los ejemplos de probable corrupción o de cuando menos cierta sospecha. Esta también el caso del meteórico crecimiento económico de la familia de Ricardo Gallardo Juárez. Es algo que requiere investigarse a fondo.
Estos casos se hacen públicos en el contexto del nacimiento de una legislación y de un sistema anticorrupción que ya debería estar actuando en la materia, pero ni el Procurador Garza pomposamente también investido como Fiscal General, así como tampoco el Fiscal Anticorrupción, tienen en mente hacer algo contra diputados y la Gallardía.
Ninguno de ellos ha fijado alguna postura sobre el caso del sospechoso enriquecimiento de la familia Gallardo ni se han comprometido con las investigaciones de la Ecuación Corrupta.
Una vez dijo Federico Garza Herrera que se atraerían para investigación formal casos de probable corrupción ventilados en la prensa, pero hasta ahora no se sabe si se ha iniciado alguna carpeta de investigación respecto del fulgurante progreso inmobiliario de los Gallardo.
Es la impunidad.
Lastimosamente es la impunidad que resulta de autoridades maniatadas por intereses políticos y negociaciones políticas en año electoral.
