Por Antonio González Vázquez
A dos meses del segundo aniversario luctuoso de Diego, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí anunció la cancelación, por segundo año consecutivo del fatídico Camping de Verano Universitario.
Aunque no lo acepten, el sentido de culpa exuda de ese anuncio de suspensión del campamento.
A las autoridades universitarias no les gusta que se diga eso y de hecho, les encorajina tanto que se sienten ofendidos, pero a la universidad goza de impunidad. Nadie de quienes organizaron el campamento y el viaje a Villa de Reyes al parque acuático Woow ha sido castigado.
Para ellos, los de la universidad, se trató de un simple accidente. No más que eso, un accidente donde nadie es culpable de nada.
Lo que declaró Francisco de Asís Lozano, director de Servicios Estudiantiles sobre el tema Diego no tiene pierde: el campamento no se ha suspendido por la muerte de Diego sino por una reestructuración en el departamento de Deportes.
Genial.
Si hay una reestructura, más valdría que empiecen por reubicar a todos aquellos que participaron en el campamento de verano 2015 cuando murió Diego. Es lo menos que se puede hacer ante la irresponsable actuación que tuvieron al morir un menor de edad que estaba bajo su cuidado.
Pero esa es sólo una excusa, la suspensión del campamento es en el fondo la aceptación de una responsabilidad que la ley no les ha sancionado.
¿Quién irá de nuevo con confianza al campamento si se les ahogan los niños?
Claro, dice el señor de Asís, esperamos que ese lamentable hecho no vuelva a suceder (o sea, que lleven a los niños a una alberca y se les muera uno por negligencia) y para ello, lo más sencillo… se suspende la actividad.
Un caso más de impunidad en San Luis Potosí donde abundan las víctimas.
Pronto Diego cumplirá dos años de haber fallecido en el camping veraniego de la universidad y su memoria y su nombre pesan ahora más que el día de su muerte.
Su nombre es como una sombra en rectoría.
