El Anexo I Clasificación por Objeto del Gasto de la Ley del Presupuesto de Egresos 2016 de Gobierno reporta que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Delito, recibirá un Presupuesto por 9 millones 666 mil pesos, de los cuales se tendrá que separar 3 millones de pesos para el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas.
Uno de los artículos transitorios mandata eso, que del total para esa institución, se extienda una parte para crear el Fideicomiso, mismo que resulta de las obligaciones que tiene el Estado para atender a las víctimas del delito. Esto, de acuerdo con la propia legislación.
¿Dónde está el presupuesto entonces?
Algo ocurre en San Luis Potosí que una cosa dice la ley y otra cosa la que se hace, que una cosa es lo que se ordena y otra la que la alta burocracia quiere que se haga. Tal es el caso de esa Comisión a la que, atendiendo todos los días a víctimas, no tiene posibilidad de hacer mucho puesto que no se ha liberado el presupuesto.
Para acabar pronto, no les dan dinero para que se abra el Fideicomiso, luego entonces, no se puede dar asistencia económica a las víctimas.
Esa Comisión que nació hace apenas unos meses, empezó con el pie izquierdo porque a los diputados de la anterior legislatura se les olvidó incluirlos en el presupuesto, así es que los comisionados debieron trabajar seis meses sin honorarios.
Si no hay para pagar a los comisionados, menos para las víctimas. Eso ocurrió entonces, pero ya con nueva legislatura y nuevo gobierno, parece que no se quiere hacer bien las cosas puesto que prevalece el mismo problema.
Todo hace indicar que la pequeña mafia de la burocracia heredada por Fernando Toranzo y amigos, en este caso, la actual diputada Marta Orta, tiene parte de responsabilidad en lo que está ocurriendo pues de plano, no saben hacer las cosas.
La Comisión llegará pronto al medio centenar de víctimas que son atendidas y no cuenta con todos los instrumentos necesarios para actuar cómo debe de ser.
Ante la Recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo al gobernador Juan Manuel Carreras López por el caso de Karla del Carmen Pontigo, la Comisión está interviniendo, lo que de algún modo, ha servido para que el ejecutivo se de cuenta de que en esa institución las cosas no parecen marchar correctamente.
Se trata de una institución con fines humanistas, con carácter solidario y sobre todo, con propósito de atención a quienes atraviesan momentos muy difíciles, no es justo que se convierta en rincón de recomendados, como peldaño de aspiraciones políticas y mucho menos, para el acomodo de amigos o para que algunos se dediquen a invernar en vez de ponerse a trabajar.
