Antonio González Vázquez
San Luis Potosí es uno de los 25 estados de la república donde en enero creció el número de homicidios. Aquí creció al doble comparado con enero de 2016: el aumento fue del 100 por ciento. 40 contra 20 homicidios dolosos.
Durante el primer mes sumaron 90 víctimas de los tres principales delitos de alto impacto: homicidio, secuestro y extorsión. No hubo secuestros en enero, pero si 27 denuncias por extorsión.
Hubo 40 víctimas de homicidio doloso y 27 de homicidio culposo, refiere el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.
Lamentablemente las atrocidades del crimen han continuado durante febrero y es muy probable que se vuelva a presentar una estadística escurriendo en sangre como sucedió con en enero.
Por ejemplo, durante el mes de enero se denunciaron ante el Ministerio Público 2 mil 973 delitos lo que representa un promedio de 95.9 delitos diariamente. Lo que ocurre no es simplemente una oleada delictiva sino que es reflejo de la incapacidad de los gobiernos estatal y municipal, así como federal para enfrentar a la delincuencia.
Los crímenes de las últimas semanas han sido aterradores por necesidad y contribuyen a sembrar el miedo en la población, pero también trae como resultado la exposición de una imagen deplorable del estado frente a la nación y el mundo al que se pretende atraer para que inviertan e instalen empresas.
El problema es más serio de lo que se cree toda vez que en México no se denuncia los delitos en su totalidad. Según resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016, apenas se denuncia el 10.5 por ciento de los delitos que se cometen.
Es decir que si los potosinos que fueron víctimas de algún delito en enero pasado hubiesen presentado su denuncia ante las autoridades, en estos momentos serían decenas de miles de expedientes en espera de ser atendidos.
Las víctimas del delito no denuncian porque no confían en las autoridades, por la actitud hostil de las propias autoridades de procuración de justicia, por temor a ser extorsionadas por la autoridad y porque se considera una pérdida de tiempo por la excesiva burocracia existente.
Es decir, el problema es muy grave dado que no son 2 mil 973 delitos sino más de 20 mil.
