La empresa VIGUE le hizo ver su suerte al alcalde Ricardo Gallardo Juárez y con una orden de la justicia federal, el ayuntamiento está obligado a respetar el contrato, cuya concesión el munícipe solicitó al Congreso del Estado su cancelación. El caso es contundente en el sentido de que una autoridad municipal no puede actuar pasando por encima de las leyes ni con base a caprichos. Ahora, deberá pagar lo que adeuda y debe cumplir el contrato de concesión en todos sus términos.
Mientras que el ayuntamiento se dedicó a explotar políticamente el caso de la basura para sacarle jugo y colocar al alcalde al nivel de un héroe, la empresa hizo lo que le correspondía, sin estridencia. Fue algo simple, si desde el inicio del conflicto lo que reclamaba la empresa era respeto al Estado de Derecho, luego entonces recurrió a eso para enmendarle la plana al alcalde.
El amparo concedido a la empresa es contundente en cuanto al mensaje de que los contratos se deben de respetar. No puede haber convivencia civilizada entre empresas del sector privado y autoridades cuando éstas creen que lo pueden todo, incluso torcer la ley.
“Para que se respeten los términos y condiciones establecidos en el contrato y/o título administrativo, para la concesión del servicio de aseo público que incluye la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos del municipio de San Luis Potosí, de modo que se permita a la empresa la prestación del servicio público que le fue concesionado”, dice la resolución judicial respecto del expediente 208/2016 promovido ante el Juzgado Tercero de Distrito.
A la resolución de la justicia federal, el ayuntamiento respondió con la obvia postura de que “el gobierno municipal es respetuoso de los mandatos judiciales”. Que acaten el fallo no es una graciosa concesión del alcalde sino su obligación.
Ahora, la empresa ha anunciado que reinicia su trabajo de recolección y disposición de basura, pero al mismo tiempo, puesto que se anula de por sí la propuesta del ayuntamiento de cancelar la concesión. Lo que digan o puedan resolver los diputados, bien visto, ya sale sobrando.
Lo correcto sería que el municipio pague lo que adeuda y que de ese modo, pueda exigir a la empresa que cumpla con un buen servicio.
La lección para el edil de nuevo, es que ya debería entender que San Luis Potosí no es para nada como Soledad.
