Por Antonio González Vázquez
Cuando un funcionario público hace de la opacidad una prioridad, no es solo porque deteste informar a la sociedad; no es que se trate solo de un arranque de soberbia y testarudez.
No, lo grave es cuando esa opacidad deviene en estrategia pública de gobierno y luego se tiene a la opacidad como cómplice de probables actos ilegales.
No es lo mismo decir que la actitud de opacidad de un gobernador, presidente municipal, magistrado o legislador, tiene origen en su rechazo a la Ley, que hablar de un servidor público que recurre a la opacidad para esconder potenciales delitos que rebasan con mucho la vulneración al derecho de acceso a la información pública.
Cada cosa tiene su dimensión, por tanto, aunque no reviste la misma gravedad, no es lo mismo no publicar la agenda de actividades de un sujeto obligado que ocultar la lista de cheques erogados.
Es claro que aunque es violatorio de la ley no publicar el padrón de beneficiarios de programas sociales o de ayudas sociales, lo es más que se oculten los datos relacionados a los proveedores y montos ejercidos para operar esos programas y ayudas.
Es decir, que el ayuntamiento de San Luis Potosí le oculte a la sociedad en qué ejerció y quienes son los beneficiarios de los cheques pagados en 2016, es algo que reviste gravedad mayor.
No solo se está ante un fenómeno de opacidad sino que es una situación que linda en una escandalosa irregularidad en el manejo de los recursos públicos.
No se pueden ejercer mil 958 millones de pesos y de eso, únicamente demostrar públicamente el ejercicio de 448 millones. ¿Y el resto?
Es en principio un problema de transparencia, de la vulneración de un derecho que asiste a los ciudadanos de conocer el destino de los recursos público. En segunda instancia, está el probable desvío de recursos públicos.
Realmente complicado debe ser ocultar el destino de mil 530 millones de pesos, esos cheques se pagaron, pero el ayuntamiento capitalino no los tiene publicados como es su obligación.
En los últimos días, desde este espacio hemos hablado de mentir y de engañar en menoscabo de los ciudadanos; hemos puesto énfasis en la hipocresía con que los políticos dicen enarbolar causas sociales cuando en el fondo están pensando hacer negocio con éstas.
Al evaluar el comportamiento del presidente municipal de la capital en su fase de candidato y luego de alcalde electo y ahora como edil en funciones, sobran motivos para la decepción igual que para la indignación.
El ocultamiento de la mayor parte de los cheques emitidos el año pasado es muy preocupante no solo por su ocultamiento sino por los motivos de ese ocultamiento.
Igual, es de suyo preocupante el caso de las modificaciones al contrato de concesión de alumbrado público a Panavi. Hay dudas razonables sobre un tema que huele más a negocio privado y se coloca en los linderos de la corrupción.
Mientras está en duda la voluntad del gobierno municipal de gobernar con eficiencia, transparencia y honestidad, crece la incertidumbre por los altos niveles de inseguridad a tal grado que la inclusión de la capital al programa de ciudades de atención prioritaria ha fracasado.
Con esa estrategia las ejecuciones aumentaron en 45 por ciento.
Lo dicho, una cosa es hablar y prometer en campaña y otra muy distinta gobernar bien.
