Por Victoriano Martínez
Cuando en enero de 2022 los vecinos de la planta de producción y envasado de hidróxido de calcio “El Zacatón”, perteneciente a Calidra, buscaron una entrevista con el alcalde Enrique Galindo Ceballos, seguramente confiaron en que por ser un funcionario de elección popular los atendería de inmediato. ¡Qué mejor que atender de primera mano los problemas de quienes lo eligieron!
Seis meses después, la falta de respuesta comenzó a dar cuenta de que unos son como candidatos y otros como funcionarios. Para el mes de julio se vieron obligados a promover un juicio de amparo para reclamar su derecho de audiencia con su presidente municipal.
Dieciocho meses después de la petición de la cita, finalmente quien los recibió el 20 de junio de este año fue Jorge Daniel Hernández Delgadillo, secretario del Ayuntamiento, quien estableció compromisos que a más de un mes no ha cumplido, a pesar de que los vecinos aportaron su parte: avisar sobre momentos oportunos para una inspección a la planta.
La historia, con todas las particularidades que describe Mariana De Pablos en su trabajo presentado este lunes en Astrolabio Diario Digital, lamentablemente se suma a una constante en la actitud de las autoridades: ignorar las demandas ciudadanas y, cuando se dan, descargar en la ciudadanía la demostración de las ilegalidades cometidas para evaluar si actúan o no.
Poco importa que los vecinos hayan ganado cuatro de cinco demandas presentadas ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).
Poco importa que una autoridad jurisdiccional haya declarado nula el acta de una sesión de Cabildo del año 2013 en la que se intentó cambiar el uso de suelo del área donde se instaló la planta.
Poco importa que esa misma autoridad haya anulado las licencias de uso de suelo emitidas en 2015 y 2018, la licencia de construcción o que la Autorización de Impacto Ambiental emitida por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) también haya sido anulada.
Lo que le importa a la autoridad es justificarse públicamente.
“Creo que vamos a procurar el día de hoy o mañana tener una reunión con el alcalde, para efecto de que el alcalde pueda platicar con ellos”, adelantó Hernández Delgadillo como si se tratara de un problema surgido apenas ayer y sin sentencias del TEJA de por medio, y la benevolencia del alcalde favoreciera la entrevista, como si no la hubieran solicitado hace 19 meses.
“Se necesita la intervención del Municipio para efectos de inspeccionar si esta empresa está funcionando de manera regular o como los propios vecinos lo están señalando”, expresó como si él no se hubiera comprometido a realizar una inspección pactada con los vecinos y no hubieran hecho caso omiso de los avisos acordados con los quejosos.
Peor aún, Hernández Delgadillo mencionó que se realizó una inspección sin siquiera tener la fecha de su realización a la mano y terminar con la aclaración de que “no tengo yo la referencia exacta en este momento, pero creo que sí se realizó”.
Con la certeza que pueden dar expresiones tan poco confiables, el Galindo Ceballos aporta con su intento de justificación más indicadores de una falta de atención que asegura que no existe: “entiendo que mañana van a ir a visitarnos y será el secretario general del Ayuntamiento quien va a atenderlos y nos encargaremos de cumplir un acuerdo previamente establecido”.
Acuerdo incumplido tras varios avisos de los vecinos que, en los extraños tiempos del alcalde, se mantienen como si apenas se hubiera comprometido. “Sé que pidieron cita mañana y yo estoy dispuesto a atenderlos mañana si fuera el caso, hay acuerdos con ellos y lo quiero puntualizar de que no ha sido falta de atención”, aseguró el alcalde.
Dichos, desdichos y entredichos que le pueden resultar muy familiares a los vecinos de El Saucito y en… ¿cuántos casos más habrá en estas circunstancias que no han trascendido públicamente?
Y mientras la autoridad le juega al Tío Lolo, la empresa se mantiene en operación al margen de la Ley, con los riesgos para la salud de miles de habitantes de su zona colindante, y con una cadena de sospechosas omisiones que configuran un manto de protección a la planta en perjuicio de la población.
