Por Victoriano Martínez
Si, como dijo Fernando Savater, en una democracia la unanimidad es sospechosa, en una democracia tan pervertida por la politiquería como ha quedado exhibida en San Luis Potosí, la unanimidad pasa de ser sospecha a convertirse en evidencia de la sumisión de las distintas representaciones a intereses de un grupo, más aún cuando otros actores se suman para avalarla.
¿Cuántas determinaciones del Congreso del Estado bastaron para que se asumiera incondicional y sumiso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona? Una. Decretar el cambio de sede del Poder Legislativo para la toma de protesta, aun sin cumplir el procedimiento legal y, para colmo, con una pifia corregida bajó un folder de discreción.
¿Cuántas determinaciones más se han acumulado entre los 163 decretos aprobados en el Pleno durante las 21 sesiones realizadas, incluida la privada del pasado sábado, para confirmar por parte de los diputados la vergonzosa, antidemocrática y poco republicana sumisión del Legislativo al Ejecutivo?
Los casos más evidentes son de dominio público: declarar recinto oficial para la protesta la Plaza de los Fundadores, aprobaciones exprés para las licencias y las placas gratuitas, el nombramiento de un fiscal-carnal, atender la instrucción de no aprobar aumentos a las tarifas de agua potable, la inhabilitación de Xavier Nava Palacios y otros integrantes de su Cabildo. Habrá más seguramente.
Es mal precedente que el caso de los exfuncionarios municipales se haya sometido a la premura por complacer al Ejecutivo y se adelantaran a la resolución de la Jueza Octava de Distrito sobre el incidente de violación en el amparo. “Falta ver cómo castiga dicho desacato el Juzgado de Distrito”, escribió en Twitter Jorge Dorantes, abogado de los ejidatarios que promovieron el amparo.
A más de un año del presunto desacato, ¿acaso la valoración del hecho por parte de los diputados y su sentencia los coloca como candidatos a jueces de distrito, o más bien se trata de una forma de presionar a la justicia federal para orientar en ese sentido lo que aún tiene entre los pendientes por definir en un juicio de amparo inconcluso?
Un panorama en el que se incorpora el alcalde Enrique Galindo Ceballos con una declaración tan desafortunada que, por serlo, se convierte en una expresión boomerang. Dijo sobre la sanción a Nava Palacios y parte de su Cabildo:
“Le ayuda más quedarse calladito. Si el Congreso de Estado no hubiera votado por unanimidad, a lo mejor el ex alcalde tendría algo de razón, pero todas las fuerzas políticas de San Luis Potosí votaron por su inhabilitación”.
¿Desde cuándo la unanimidad representa la demostración de que en un asunto se impone la razón? ¿Acaso Galindo Ceballos también se adelantó a la Jueza en el análisis del caso y encontró los elementos que ella aún no resuelve y por eso se suma a la defensa de la determinación del Congreso del Estado?
No parece ser ese el caso. Más bien se trata de la peligrosa adhesión politiquera al interés del grupo dominante y avasallador ante el que no les basta con quedarse calladitos, sino que por alguna razón se sienten tan obligados a cooperar que lo hacen de manera oficiosa.
La mesa está más que puesta para que la justicia se tuerza bajo el dominio más burdo de la politiquería. Si de por sí los organismos de procuración de justicia siempre han favorecido la impunidad y con ella la corrupción, hoy no se puede esperar más, sino menos.
Obligado es recuperar un tuit publicado por el empresario Miguel Maya Romero: “No son los más justos los que se apoderan de la justicia; sino siempre los más fuertes. La justicia sin la fuerza es impotente; la fuerza sin la justicia es tiránica”.
