Por: Eduardo Delgado.
Tras la muerte de Diego, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jorge Vega Arroyo, dio por sentado el trato inhumano a los padres del menor de parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), encabezada por el rector Manuel Fermín Villar Rubio, a quien incluso catalogó como “desinformado”; con el paso de los meses el ombudsman potosino cambió su postura y omitió ese aspecto en la recomendación emitida hace semanas sobre el caso.
El 4 de agosto de 2015, cuando aún no se cumplían un mes del deceso de Diego en el balneario “Woow”, donde falleció ahogado tras ser succionado por un extractor de agua, le presentamos en Astrolabio la nota informativa titulada: “Trato inhumano de la UASLP a papás de Diego: CEDH”. Dos semanas después, el 18 de agosto, le presentamos entrevista con el ombudsman titulada. “Desinformado, el rector de la UASLP: CEDH”.
El pasado 23 de diciembre el organismo que vela por el respeto a los derechos humanos emitió la recomendación 37/2015, firmada por su presidente Jorge Vega Arroyo, dirigida al alcalde de Villa de Reyes, porque en agravio del menor se vulneraron sus derechos humanos a la vida, a la seguridad e integridad personal, y legalidad y seguridad jurídica, “por las omisiones en que incurrió el personal de la Dirección de Protección Civil Municipal de Villa de Reyes, encargado de la vigilancia e inspección del Parque Acuático”.
En desacuerdo, la mamá de Diego, Socorro Ruiz Medellín, acudió el pasado martes a la oficinas de la CEDH y luego de ello externó: “Yo no le encargué mis hijos al municipio ni a los empleados del balneario… estaban bajo la responsabilidad y tutela de los maestros de la Universidad”.
Al respecto, en entrevista con astrolabio.com.mx, portal de noticias, Vega Arroyo declaró: “Seguimos revisando el caso, porque hasta el momento que emitimos la recomendación no tenemos todos los elementos de responsabilidad, en cuanto a violación a los derechos humanos, por parte de servidores públicos de la Universidad”.
Interrogado acerca del “acompañamiento”, que debió prodigarles la Universidad a los deudos, como él mismo lo señaló antes, incluso en su demanda ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, respondió titubeante:
“Esa cuestión se la hicimos saber…en todo caso más bien…que no los dejaran… sí se lo hicimos del conocimiento a la Universidad, que no descuidaran esa parte. Sí les llamamos la atención en ese sentido”.
- ¿Pero eso no está en la recomendación?
- No, porque no fue motivo de responsabilidad, en el sentido de decir en que no los acompañó porque la Universidad dice: no le avisamos a la mamá pero le avisamos a la tía y esperamos que nos dijeran en qué pudiéramos nosotros… para acercarnos con ellos.
- ¿En ese caso la Universidad se debió acercar a la familia… no esperar?
- Sí, pero los elementos que tenemos al momento sólo se los hicimos del conocimiento para que tomaran cartas…
- ¿Entonces la Universidad no incurrió en ninguna omisión?
- De la información que obtuvimos no tenemos todos los elementos para pronunciarnos en este momento y todavía no, pero eso no implica que si los haya nos pronunciemos.
Tras referir que previo a la emisión de las recomendaciones, éstas son aprobadas de manera colegiada, expuso: “Nosotros quisimos ser muy meticulosos en el espacio, sobre todo en la capacitación de las personas que estaban allí, sobre el aspecto del cuidado, porque tenía que ver la observación, sin embargo cuando se llega a la alberca esta ya tenía agua, no se miraba y ninguna otra persona observó la parte de la succión”.
El 17 de julio del año anterior Diego González Ruiz, de 12 años de edad, acudió al complejo acuático “Woow” como parte de los niños inscritos en el Campamento Infantil 2015, organizado por la UASLP y en el lugar, según declaraciones rendidas ante el Ministerio Público, junto con otro menor fue succionado por un extractor de agua.
Vega Arroyo aseguró en entrevista que ese organismo verificó el convenio celebrado por la Universidad y el Parque Acuático y observaron que a este le fueron expedidos permisos de operación sin cumplir las normas en materia de protección civil. “No tenían equipos de salvamento, como una de las primeras reglas”, refirió.
“De hecho la ambulancia en donde lo trasladan fue contratada por la Universidad, porque el centro no la tenía”, abundó. “Quien debe de vigilar eso precisamente es la autoridad municipal, quien otorga los permisos”, subrayó.
“La señora nos dijo que ella vio los videos de la manera de cómo se aplicó la reanimación, pero fue un trabajo voluntario”, realizado por el personal universitario, del que las autoridades universitarias acreditaron ante la CEDH su debida capacitación. “Nos mandaron los cursos de capacitación que tenía todo el personal”, precisó.
El defensor de los derechos humanos justificó que la mamá no fue avisada del deceso de su hijo, “porque quien lo registra (al campamento) es la tía” y la Universidad “nos probó que el dato de a quien tenían para avisarle era a la tía”.
Sostuvo que independientemente de la recomendación, “vamos a continuar observando, dándole seguimiento; si obtenemos más elementos que tengan una vinculación con la Universidad daríamos vista al órgano interno de control”, explicó.
Además, añadió, “vamos a estar muy al pendiente de la resolución de la Procuraduría, si tiene que ver con la omisión en el cuidado, y si esta fue de parte de la Universidad o del centro”.
Aclaró que como parte del protocolo en materia de derechos humanos le dijeron a la señora que acudiera a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. “En caso de que usted no esté de acuerdo puede impugnar nuestra resolución por incompleta e inclusive nosotros mismos la hacemos, porque la ley nos dice que debemos ser protectoras de las víctimas y ellos tienen que hacer valer su derecho”.
“Para que ellos nos revisen con otros ojos y si ellos nos dicen: te faltó otro camino… pueden decir estamos en lo correcto o nos faltó ahondar más en la investigación”.
“Inclusive el propio personal deber ser el apoyo para que haga la impugnación y nosotros debemos de hacer la impugnación si así lo solicita y en la manera como lo diga”, enfatizó.
Expuso que incluso hay casos que pueden llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Así hemos enviado varios casos, por ejemplo el de Karla Pontigo”.
