Eduardo Delgado
Por estar basada en notas periodísticas y en acuses de recibo de denuncias, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó la queja por la que la coalición “Juntos Haremos Historia” le imputó a la coalición “Sí por San Luis” y su candidato a la gubernatura, César Octavio Pedroza Gaitán, el financiamiento de la campaña de proselitismo con recursos de los gobiernos de Tamaulipas y San Luis Potosí.
La tarde de este jueves, en sesión celebrada por video conferencia, magistradas y magistrados avalaron el proyecto de resolución propuesto por el presidente de ese órgano jurisdiccional, Reyes Rodríguez Mondragón, en el expediente SUP-RAP-182/2021.
Confirmaron la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que el pasado 22 de julio desechó el procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de la coalición integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), y Conciencia Popular (CP), y su candidato a la gubernatura.
El pleno de la Sala Superior consideró correcto el desechamiento aprobado en el INE con ocho votos a favor y tres en contra, porque el Partido Verde “no aportó suficientes pruebas ni una narración de las circunstancias en modo, tiempo y lugar, que incluso de manera indiciaria permitiera advertir la realización de las conductas denunciadas”.
Concluyeron también que el organismo electoral “no incumplió con el deber de exhaustividad”, porque para iniciar procedimientos de queja en materia de fiscalización, “se requieren de indicios suficientes que permitan advertir la veracidad de los hechos denunciados”.
En el caso, reiteraron, el Partido Verde únicamente ofreció vínculos a notas periodísticas y acuses de presentación de denuncias, para alegar la realización de los hechos denunciados, consistentes en el desvió de recursos públicos para financiar la campaña política de Octavio Pedroza.
En virtud ello, asentaron, el INE “no se encontraba obligado a realizar mayores diligencias e investigaciones, aunado a que contrario a lo dicho por el partido apelante, la autoridad sí analizó los requerimientos que formuló la Unidad Técnica de lo Contencioso a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Unidad Técnica de Fiscalización”.
Por lo tanto, la Sala Superior concluyó “que no existían elementos suficientes para iniciar un procedimiento de oficio”, como se propuso en la sesión del INE celebrada el pasado 22 de julio.
