Por Victoriano Martínez
Han pasado 53 días desde que iniciaron las campañas por la gubernatura y 22 días de iniciadas las campañas para ayuntamientos y diputados locales, y no se tiene noticia de que alguno de los candidatos haya impreso algún cuadernillo con la plataforma electoral que representa y la haya distribuido entre la ciudadanía.
Ni partidos ni candidatos han atendido la fracción XI el artículo 135 de la Ley Electoral que les ordena “publicar y difundir en las demarcaciones electorales en que participen, así como en los tiempos que les corresponden en las estaciones de radio y en los canales de televisión, la plataforma electoral que sostendrán en la elección de que se trate”.
Hasta donde se tiene noticia, ningún partido ni candidato han propiciado la exposición, el desarrollo y la discusión ante el electorado de las plataformas electorales, como también ordena la Ley Electoral en el segundo párrafo del artículo 347.
En cambio, más de un candidato se jacta de haber sido participe de logros de gobierno, la implantación de programas de gobierno y hasta la realización de determinadas obras, a pesar de que recurrir a tales adjudicaciones está prohibido por el artículo 347 Quinque de la Ley Electoral.
No es novedad. Desde que la mercadotecnia política marca lo que se hace en las campañas electoreras, las actividades proselitistas degeneraron en una politiquería más parecida a la zona de gritones de feria, que en una contienda política seria en la que se respeta la legalidad.
Incumplir lo que ordena la ley e incurrir en lo que prohíbe es la característica de las actuales campañas en grado superlativo y con tal cinismo, que se promete lo imposible. Un gritón de feria es mucho más confiable: exhibe lo que ofrece y lo entrega a quien lo compra. Los gritones que hoy andan en campaña pretenden el voto a cambio de espejitos rotos.
Una simulación y engaño fuera de la ley que no sólo es tolerado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) que teme poner orden, sino que se suma a ese desorden al promover que la ciudadanía acuda a votar prácticamente de manera acrítica, desinformada y sometida a las maniobras manipuladoras y hasta chantajistas de los candidatos.
Si el CEEPAC obligara a que las plataformas electorales fueran expuestas y discutidas públicamente y sometiera a los partidos y a los candidatos a lo que pueden y lo que no pueden hacer conforme a la Ley Electoral, seguramente las campañas aportarían más elementos al ciudadano para una decisión más informada para el 6 de junio.
Una actitud timorata del CEEPAC que da lugar a la aparición de un tráiler atorado por aquí con cinco mil despensas, un camión interceptado por allá con otras tantas, o un tráiler con pacas de avena más allá, porque violar la ley electoral parece tener la anuencia de la autoridad electoral.
El artículo 25 de la Ley Electoral dice: “Queda prohibido a los partidos políticos, coaliciones, alianzas partidarias, precandidatos y candidatos, entregar a los electores, dinero, despensas, enseres domésticos, materiales para construcción y, en general, cualquier otro bien, en todo tiempo y bajo cualquier título o denominación”.
Sería ingenuo pensar que el tráiler en el Boulevard Río Santiago, el camión de Tancanhuitz o el otro tráiler en Matehuala, son los únicos casos que andan por ahí en contravención al artículo 25 de la Ley Electoral.
Si hoy se investiga en el sentido de tratar de encontrar a los dueños de las despensas para determinar qué candidato incurrió en la violación a la Ley, seguramente resulta más prudente que se abra una investigación o se someta a seguimiento a todos los candidatos para detectar cuántos incurren en esa falta… y en muchas otras más.
