Fernanda Durán
Representantes de la Cámara Nacional para el Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) sostuvieron una reunión con la presidenta de la Comisión del Agua en el Congreso del Estado, Dolores García Román, en la que expusieron sus puntos en contra de la reforma a la Ley de Aguas del Estado con la cual se pretende obligar a los fraccionadores o urbanizadores a formalizar el contrato de servicio de agua potable, drenaje y saneamiento de los inmuebles antes de venderlos.
Durante la reunión, Francisco Miguel Correa Viramontes, Ignacio Gómez Martínez y Rafael Castañol López, representantes de Canadevi, señalaron dos problemáticas en torno a esta modificación: el incremento del costo de la vivienda para las personas por establecer un gasto más a los desarrolladores; y el cobro doble para ellos debido a algunos conceptos contenidos en las cuotas y tarifas, especialmente en el caso del Interapas.
Explicaron que la venta de la vivienda por ineficiencias o circunstancias económicas comienzan a generar intereses, cuyo costo del contrato podría incrementar hasta un 40 por ciento.
“Se convierte en otra cosa común y corriente como si fuera el cemento, el acero o como son las licencias de construcción, como son todos los insumos que tienen que ver tanto físicos como legales”, señaló Correa Viramontes.
“[Quienes compran la vivienda] muy apenas llegan al máximo superior para acceder al crédito, cualquier cosa que les incrementan los empiezan a dejar sin oportunidad de tener la casa. Nosotros nos vamos adaptando al mercado y empezamos a tratar de reducir costos, pero llega un punto en el que ya no se puede”.
Actualmente sólo están obligados a construir por su cuenta las instalaciones y conexiones de agua potable y alcantarillado, así como instalar las tomas domiciliarias en cada predio, obligaciones en las que también reprocharon la ineficacia del Interapas para llevarlas a cabo.
La reforma a los artículos 159 y 162 de la Ley de Aguas del Estado busca agregar la obligación de formalizar los contratos de servicio desde el momento en que se encuentre la infraestructura en condiciones de iniciar con el suministro de agua, y la recepción de residuales.
Contrato que en su caso, será transferido al comprador de cada predio por el prestador del servicio de agua potable, una vez que el fraccionador le comunique la venta del inmueble.
De acuerdo con el asesor de la Comisión del Agua, Ernesto Piña, la propuesta busca terminar con la problemática que se presenta en la práctica, ya que aún después de que las casas construidas se venden, los nuevos dueños no cuentan con un contrato con el organismo de agua o con los ayuntamientos, por lo que no están contemplados en el padrón de usuarios, dando lugar al incumplimiento de la ley, lo que a su vez genera otros perjuicios, situación que a veces se puede alargar en el tiempo, incrementando las irregularidades en los nuevos fraccionamientos.
“El espíritu de esto no va en relación con generar contratos y con un costo financiero que lleve meses sino cuando ya la vivienda está lista. Incluso (…) que pudiera ser un contrato cuando la vivienda está terminada, lo que no implica que el contrato deba de hacerse como otro tipo de pagos como los derechos de conexión”.
Las observaciones de la Canadevi como el doble cobro, así como los planteamientos para la reforma fueron expuestos y entregados a la presidenta de la comisión, por lo que García Román indicó que resolverán sus dudas respecto a esta iniciativa, fomentando una mejor regulación además de analizar, junto con la Comisión de Desarrollo Sustentable, los cambios que sean necesarios para la reforma antes de que sea votada en el Pleno.
