Por Victoriano Martínez
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el presidente del Congreso del Estado, Cuauhtli Badillo Moreno, preparan uno de los espectáculos que podrían sumarse a la política de frivolidad que tiene como máximo monumento la Arena Potosí: un proceso de consulta a través de foros y asambleas con la población sobre la castración química a violadores.
Todo comenzó el 19 de septiembre de 2022, cuando Gallardo Cardona anunció que enviaría una propuesta de reforma ante Congreso del Estado, para “que los violadores y asesinos de mujeres enfrenten pena de muerte y sean capados”.
Sobre la pena de muerte pronto se dejó de hablar, pero la castración a violadores se volvió un tema recurrente como para dar de qué hablar cuando los temas para mantener presencia en el panorama informativo y comentarios en redes sociales escasearan.
Pero resulta que hace más de dos años, la iniciativa del mandatario no era novedosa en realidad, la novedad fueron los términos en los que se refirió a su propuesta.
El noviembre de 2007, el entonces diputado priísta de la Asamblea del Distrito Federal, Armando Tonatiuh González, propuso reformas y adiciones al Código Penal y a la Ley de Salud del DF para inyectar el fármaco Depo-Provera, el cual disminuye la intensidad y frecuencia del deseo sexual, y evita la erección y eyaculación.
Aquella fue una forma muy descriptiva de proponer la castración química. No procedió, pero no fue el primer intento priísta sobre ese tema.
Tres años después, el 23 de noviembre de 2010, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) propuso la castración química de los violadores, ante el incremento de los delitos sexuales en la capital del país.
El entonces coordinador de los diputados del PRI, Israel Betanzos, justificó la propuesta al señalar que en aquel momento más de 120 mil mujeres eran violadas en México cada año, y en la capital, al día se cometían 14 delitos sexuales. La propuesta tampoco procedió, pero no fue el último intento.
Para marzo de 2016, de nueva cuenta Israel Betanzos como coordinador de los legisladores priístas en la capital insistió en la propuesta de la castración química y habló de negociaciones con los grupos parlamentarios del PAN y el PRD para que la apoyaran. Tampoco avanzó.
De esos dos posibles aliados de Gallardo Cardona para promover su iniciativa de castración a violadores, quizá sólo pueda contar con Israel Betanzos, hoy diputado federal priísta, porque el último dato sobre Armando Tonatiuh González fue que en enero de este año fue presentado ante el Ministerio Público de la capital por una investigación sobre trata de personas.
Dirigentes y legisladores de PRI, PAN y PRD acusaron a la entonces Fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, de persecución política al detener a quien en ese momento era secretario del PRI en la capital, para presionar su ratificación como titular de la Fiscalía.
Desde 2016, los priístas no han vuelto a insistir en su propuesta de castración a los violadores y el tema resurgió aquí, en boca del Gallardo Cardona: “la gente necesita que no nada más los agresores vayan a la cárcel, sino que se les van a quitar los genitales para que no sigan violando más gente”, dijo el mandatario.
La descripción clara de una castración física que nada tiene que ver con el matiz que entre el 19 de septiembre de 2022 y hoy en día se ha incorporado al llamarla castración química.
Elementos para que el proceso de consulta a través de foros y asambleas anunciado tenga el atractivo, casi a nivel de talk-show, de ver posturas desde un que los mutilen de por allá a un que se respeten sus derechos humanos.
La inclinación de Gallardo Cardona la mantiene: “Nos va a ayudar mucho a prevenir que los violadores le piensen un poquito más, sobre todo aquellos que violan y luego matan a sus víctimas. Esa gente en la sociedad no cabe”.
¿Se podría llegar a ver una campaña desde el gobierno del estado con la advertencia a grandes letras en espectaculares “violador, piénsalo dos veces, si lo haces, te capamos”? Sobre todo, porque la consideración sobre el hecho de que se violarían derechos humanos tiene sin cuidado al mandatario: la decisión final será tomada por los diputados, ha dicho.
Badillo Moreno hoy a ha puesto como una prioridad del Congreso del Estado el tema, con foros y asambleas de consulta pública. Propósitos de año nuevo a cinco días de que comience el 2025.
