Antonio González Vázquez
Desde el año 2006, la Comisión Estatal de Derechos Humanos realiza anualmente el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. Invariablemente, desde entonces, las cárceles potosinas han quedado en evidencia por las deplorables condiciones imperantes, pero especialmente porque en los hechos, las cárceles no las controla el Estado sino los propios reclusos.
El informe presentado por la CNDH da cuenta de los resultados obtenidos en los cuatro centros de reinserción social evaluados: el de La Pila, Ciudad Valles, Ríoverde y Tamazunchale.
La calificación para San Luis Potosí fue de apenas 6.55, pero la Penitenciaría de La Pila obtuvo 6.26.
Evidentemente el principal fracaso del sistema carcelario en la entidad es el intento de reinserción social de los internos. Es decir, las cárceles siguen siendo la mejor escuela para crear delincuentes que salen potencialmente más peligrosos de cuando ingresaron.
Las condiciones de gobernabilidad están en manos de los reos en la capital y Ríoverde, lo que implica que los reos controlan y gobiernan las cárceles. Es decir, hacen lo que quieran porque son los que mandan.
En el caso de La Pila en el rubro de condiciones de gobernabilidad se identificaron las siguientes debilidades: Insuficiencia de personal de seguridad y custodia, deficiencias en el procedimiento para la imposición de sanciones disciplinarias, ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad (autogobierno/cogobierno), presencia de actividades ilícitas y presencia de cobros (extorsión y sobornos).
Esto no es nuevo, es algo que se ha mantenido con el paso de los años y ninguna administración de gobierno ha atinado a eliminar vicios e irregularidades en el sistema carcelario. Las cárceles siempre están en focos rojos y las autoridades parecen estar del todo despreocupadas.
