Fernanda Durán
La carga de trabajo legislativo, las consultas técnicas, consensos e impacto presupuestal son algunos de los factores que detienen o impiden la emisión de reformas a partir de iniciativas ciudadanas, de acuerdo con las diputadas Cinthia Segovia Colunga, presidenta de la Comisión de Justicia, y Claudia Tristán Alvarado, presidenta de la Comisión de Educación.
La semana pasada, activistas y colectivos exigieron al Congreso del Estado agilidad en las propuestas legislativas que provienen de la ciudadanía, ya que en su mayoría llevan hasta más de un año en espera de recibir un dictamen.
Entre los temas considerados como pendientes o ignorados se encontraban la violencia vicaria; derechos de las infancias para proteger de mejor forma a niñas que fueron víctimas de violencia sexual; la despenalización del aborto y tipificación de delitos por odio.
Ante los retrasos, la diputada Cinthia Segovia, quien preside una de las comisiones con mayor carga de trabajo, señaló que en el caso de la violencia vicaria uno de los problemas fue la comunicación con los promoventes de las iniciativas, ya que se les avisa cuando la iniciativa es aprobada o en el Pleno o en la Comisión, pero no se les da un informe sobre el estatus de su propuesta en el proceso legislativo.
Esto debido a que la violencia vicaria ya fue aprobada en la comisión hace un par de semanas.
En cuanto al resto de temas como la legalización del aborto, señaló que si bien uno de los factores responsables es la carga de trabajo, es un tema que cada uno de los diputados tiene su consideración al respecto. También se necesita el espacio para consultar la parte técnica, así como aquellas personas que están a favor y en contra, pues son factores que se necesitan y que deben mejorarse para darle agilidad al tema del aborto.
“Es algo que ya se tiene que dar, que seguramente es algo que se va a ver si no es en esta legislatura, en la próxima, pero seguramente le darán seguimiento y que ya estará por darle salida al tema del aborto”.
En cuanto a los derechos de las infancias, las iniciativas ciudadanas pendientes son algunas que buscan implementar medidas concretas a fin de prevenir, atender y erradicar la violencia de género dentro de los entornos escolares. Tristán Alvarado señaló que algunas han tenido que ser desechadas por falta de impacto presupuestal, otras ya están reconocidas en la ley o con parámetros similares.
Mientras aquellas que ya se encuentran establecidas en la ley, indicó que están sustentadas con contestaciones técnicas de las diferentes dependencias o instituciones, pero que al final en la práctica no se hacen y que ellos como diputados pueden hacer un llamado hacia las instituciones, pero no pueden obligarlas a implementar diversas medidas si no está en su interés.
“En el caso de nosotros como legisladores no nada más es implementar la ley, sino vigilar que se lleve a cabo, pero nos quedamos a veces en esa parte porque, aunque le decimos al secretario, nosotros no mandatamos al secretario. Quien mandata al secretario de Estado es el gobernador y nosotros nos quedamos un poco cortos al tener una comparecencia por año y que nos digan qué va a pasar”.
Reconoció que aunque ella y el sector educativo puede detectar las deficiencias o necesidades, la realidad es que si no existe disposición por parte de las autoridades, no hay una aplicación efectiva de medidas protectoras.
