Por Victoriano Martínez
Si el gobernador Juan Manuel Carreras López no insistió al Congreso del Estado en la autorización de la reestructuración de la deuda pública, no fue porque hubiese encontrado una vía de solventar el desbalance financiero sin endeudar al estado, sino porque encontró el resquicio legal que le permitió mayor endeudamiento sin tomar en cuenta a los diputados.
Carreras López adquirió durante 2020 financiamientos por parte de tres instituciones bancarias por mil 300 millones de pesos sin registrarla como deuda pública por un tecnicismo legal: son financiamientos de corto plazo que no constituyen Deuda Pública conforme el Artículo 6° fracción II de la Ley de Deuda Pública.
En la Cuenta Pública 2020, presentada al Congreso del Estado a las 10:05 horas de este lunes, el gobierno estatal reporta que al no prosperar autorización legislativa para la reestructuración de la deuda y tras descartar solicitar a los diputados la autorización de un nuevo crédito, los obligó a recurrir a medidas que no requirieran de la autorización del Poder Legislativo.
Una medida que no sólo se tomó para enfrentar los gastos extraordinarios provocados por la emergencia sanitaria de Covid-19 y que incluyó además que se difiriera el pago del 95 por ciento de los intereses devengados por los dos mayores créditos de la deuda pública durante cuatro meses.
“Así mismo derivado de la expectativa de apoyos extraordinarios por parte de la Federación, se requirió la contratación de créditos a corto plazo a fin de enfrentar parte del gasto extraordinario generado por la contingencia sanitaria así como para adeudos del Sector educativo”, se señala en el tomo de Resultados Generales de la Cuenta Pública 2020.
Carreras López obtuvo un crédito de corto plazo con Banorte por 650 millones de pesos, otro con Banco del Bajío por 325 millones de pesos y uno más con BBVA por otros 325 millones de pesos. Al cierre del ejercicio 2020 se reporta un saldo de mil 300 millones de pesos por deuda pública de corto plazo, que no se incluye como deuda pública.
Una circunstancia legal que le permite a Carreras López señalar que la deuda pública pasó de 3 mil 912 millones de pesos el 31 de diciembre del 2019, a 3 mil 743 millones de pesos al cierre de 2020. Hasta presume que logró un desendeudamiento neto por 169 millones 710 mil pesos, una reducción en términos reales del 7.23 por ciento y del 4.34 por ciento en términos nominales.
Legalmente, conforme a la Ley de Disciplina Financiera y la Ley de Deuda del Estado, esas son las cifran de lo que corresponde a la deuda pública, lo que no hace que los mil 300 millones de deuda obtenidos durante 2020 dejen de comprometer las finanzas del Estado para los próximos meses, y posiblemente también años.
“Se prevé que los efectos de la pandemia continúen durante el ejercicio 2021 y parte de 2022, por lo que el resarcimiento del balance presupuestario negativo se realizaría entre los ejercicios 2022 al 2024, ya que para el ejercicio 2021 se tiene presupuestado una reducción de 620 mdp en ingresos de libre disposición”, se advierte en el documento.
Señala además que “al continuar los efectos de la pandemia se requerirá de gasto adicional para el sector salud, por lo que no es factible financieramente destinar más recursos del ejercicio 2021 para resarcir el desequilibrio financiero generado durante 2020”.
Carreras López adquirió en 2020 tres financiamientos que suman mil 300 millones de pesos que, si bien no se les llama deuda pública, son compromisos que le heredará a quien gane la elección del 6 de junio, quien tendrá que buscar la manera de endilgársela a los contribuyente, que son quienes finalmente pagan.
