Roberto Rocha
Parte 4
El incremento en la incidencia delictiva de San Luis Potosí es uno de los puntos por los que más se criticó al gobernador Juan Manuel Carreras López durante su sexenio y también fue definitivo para reprobar la revisión de este eje.
Aunque la calificación fue muy pareja, con cinco objetivos aprobados y seis reprobados, los rubros donde la administración estatal saliente obtuvo mejores resultados fueron burocráticos, más que de operación.
Por ejemplo, se logró mejorar las condiciones de trabajo de los policías estatales, se fortaleció la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) y Protección Civil realizó cursos que permitieron cumplir algunos de los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.
En cambio, cuando las revisiones fueron más cuantitativas que cualitativas, los resultados fueron insuficientes, pues no logró reducirse la inseguridad, la policía potosina no fue modernizada, no se llegó a un funcionamiento óptimo del Sistema Penal Adversarial ni se pudo eliminar la impunidad.
Todo esto, en suma, hace que “San Luis Seguro”, el cuarto de cinco ejes del Plan Estatal de Desarrollo de la administración carrerista, sea también el cuarto tache en la boleta.
Objetivo A: Fortalecer la coordinación interinstitucional y de colaboración con la ciudadanía para reducir la inseguridad.
El documento del sexto informe de gobierno de Juan Manuel Carreras presume que durante los seis años de la administración, los siete delitos prioritarios que señala el Sistema Nacional de Seguridad Pública registraron menos casos por cada 100 mil habitantes en San Luis Potosí que el promedio nacional.
Pese a que esto es verdad, de esos mismos siete delitos —homicidio doloso, feminicidio, secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo de vehículo y robo a transeúnte—, en el sexenio de Carreras solamente bajaron el secuestro y robo a casa habitación, en la comparación entre 2015 y 2021.
De hecho, la incidencia de robos a casa habitación, robo a vehículo y robo a transeúnte fue muy superior en 2018 que en 2015 y 2021. Por este incremento casi generalizado en las cifras de 2015 a 2018, este objetivo se considera reprobado.
Objetivo B: Impulsar la profesionalización de las fuerzas de seguridad, con capacitación y formación, para lograr un mejor desempeño en la función policial.
De acuerdo con información del Modelo Óptimo de la Función Policial del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre del año 2020 en el estado, el 96 por ciento de los policías estaban aprobados en el estado, aunque 14 por ciento del total se encontraban pendientes de renovar su calificación aprobatoria. Es decir, aunque pasaron las pruebas de control y confianza, el resultado fue hace tiempo, por lo que necesitarían someterse a exámenes de nueva cuenta.
Aún así, esto representa un incremento en la confianza que se puede tener en policías potosinos, ya que apenas en junio de 2019, el porcentaje de aprobados vigentes correspondía solo al 48 por ciento de los policías del estado.
Según el reporte, al 31 de diciembre de 2020, el sueldo promedio mensual de los policías potosinos es de 21 mil 90 pesos con 60 centavos, lo que los convierte en los mejor pagados del país. Estos son buenos resultados, que provocan que este objetivo sea aprobado.
Objetivo C: Fortalecer la infraestructura institucional y los protocolos de actuación policial, y modernizar los procesos para afrontar los nuevos retos de seguridad pública.
De los alrededor de 2 mil 400 policías operativos que toma en cuenta el Modelo Óptimo de la Función Policial en el estado de San Luis Potosí, mil 900 han sido capacitados en el protocolo para el uso legítimo de la fuerza; mil 200 en el protocolo nacional de cadena de custodia; 805 con el protocolo nacional de primer respondiente; 109 para el protocolo para la atención a víctimas y grupos vulnerables; 25 en el protocolo de prevención o reacción, y ocho en el protocolo de atención policial en la violencia de género.
Solo dos de los cursos han sido tomados por al menos la mitad de los policías potosinos. Por eso, este es un objetivo reprobado.
Vertiente 2: Procuración de justicia
Objetivo A: Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.
El estudio Hallazgos 2019 de la organización México Evalúa hace notar que el estado tiene cuatro agencias del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, superior al 3.94 agencias de promedio nacional. Hay además 14.65 policías investigadores por cada 100 mil potosinos, mientras la tasa nacional es de 9.93.
En cuanto a agentes del Ministerio Público, en San Luis Potosí hay 8.32 por cada 100 mil habitantes, inferior al promedio del país, de 9.6. De peritos, en el estado hay menos de la tasa nacional: en todo México hay 2.37 y en el Sistema Penal potosino hay 2.16.
El número de jueces también es inferior en San Luis Potosí, de 2.41 por cada 100 mil potosinos, contra los 3.77 del promedio nacional. Respecto a asesores jurídicos y defensores, el estudio de México Evalúa no reconoce su existencia en territorio potosino.
Al estar por debajo del promedio nacional en casi todos los rubros de personal contratado, este objetivo se considera reprobado.
Objetivo B: Erradicar la corrupción y la impunidad en la investigación y persecución de delitos.
Hallazgos 2019 también señala que San Luis Potosí es el tercer estado del país con más impunidad, con un 97.8 por ciento de crímenes sin resolver en la entidad, mientras que el promedio nacional es de 92.4 por ciento. La erradicación de la impunidad está muy lejos de llegar: reprobado.
Vertiente 3: Reinserción social
Objetivo A: Fortalecer el sistema penitenciario estatal y las medidas de prevención para menores infractores, mejorando las instalaciones, equipamiento y operatividad de los centros de reclusión para que existan condiciones para una reinserción social y productiva.
Durante el año 2020, las prisiones de San Luis Potosí reunieron 169 quejas ante la unidad especializada en derechos humanos de las cárceles estatales.
Con esa cifra, San Luis Potosí ocupó el sexto lugar nacional entre los centros de readaptación social con más quejas por faltas a los derechos humanos del país, por lo que este objetivo se considera reprobado.
A nivel nacional, el 31.6 por ciento de esas quejas fueron por falta de atención médica a los reos.
Vertiente 4: Prevención de la delincuencia y atención a víctimas
Objetivo A: Impulsar una política integral de prevención de la violencia y la delincuencia con énfasis en grupos de alta vulnerabilidad social.
Al menos en la percepción de la población potosina, este objetivo tampoco pudo ser cumplido, ya que durante el sexenio de Juan Manuel Carreras los habitantes del estado se sintieron más inseguros.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadísica y Geografía (Inegi), en 2016 el 72.1 por ciento de los potosinos sentían que el estado era inseguro. Para 2020, la proporción llegó a 80.2 por ciento.
Objetivo B: Generar mecanismos eficientes y claros que brinden apoyo a las víctimas que acudan ante la autoridad a hacer valer sus derechos.
Este objetivo se considera cumplido porque el Observatorio Ciudadano de Derecho de las Víctimas calificó a la CEAV con “avances prometedores”. Otros estados de la región, como Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato o Querétaro, no obtuvieron tan buenas cifras como San Luis Potosí.
Vertiente 5: Protección Civil
Objetivo A: Salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio, ante contingencias naturales o provocadas.
Este objetivo se considera aprobado, pues no se encontraron reportes de saqueos en el estado durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, o por la escasez de gasolina de los últimos días de 2016 y primeros de 2017, entre otros eventos naturales registrados en el estado.
Objetivo B: Impulsar el diseño, operación y evaluación de estrategias de gestión integral de riesgos.
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) presume que durante el sexenio realizó 4 mil 682 inspecciones a inmuebles y 2 mil 468 revisiones a programas internos de protección civil de empresas y recintos.
Además, se logró la creación de la Red Sismológica Estatal y se concretó el Atlas Estatal de Riesgos, por lo que este objetivo se considera aprobado.
Objetivo C: Promover la cultura del autocuidado y la organización comunitaria en materia de protección civil.
Objetivo aprobado, ya que Protección Civil Estatal generó 703 cursos de capacitación para el público en general durante el sexenio de Juan Manuel Carreras, con un total de 14 mil 782 personas que pueden fungir como brigadistas.
