Por Victoriano Martínez
En la recta final del sexenio de Juan Manuel Carreras López se muestra cada vez más decadente en su desempeño, de tal manera que cada vez le resulta más difícil aparentar y lograr engañar con la imagen que vendió en su toma de protesta como un gobernador que combatiría la corrupción.
Desde hace dos años distintas organizaciones han señalado a Carreras López como encubridor de actos de corrupción de ex diputados y diputados, de ex funcionarios y funcionarios, del ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez y otros ex alcaldes del interior del estado, etcétera.
Desde hace unos meses, se han comenzado a revelar –a fuerza de solicitudes de información e investigaciones ciudadanas y periodísticas– actos de corrupción dentro de su gabinete que, de versiones no confirmadas, cada vez se convierten en historias documentadas.
Tal es el caso del trabajo realizado en coordinación entre la organización Ciudadanos Observando y Astrolabio Diario Digital que hoy se concreta, tras varios meses de solicitudes de información e indagaciones de verificación de información.
Además de exhibir el pago, por parte del Hospital Central, de más de 120 millones de pesos a 17 proveedores fantasma, cuya inexistencia fue confirmada con visitas a sus presuntos domicilios, incluso en las ciudades de Monterrey y Guadalajara, el trabajo de investigación deja expuesta la actitud solapadora en grado cómplice del gobierno de Carreras López.
Cuando menos una de las 17 empresas que se lograron verificar en la investigación, Comercializadora Ismalog S.A. de C.V., también apareció en la lista de las empresas fantasma que le prestaron servicio a los ex diputados para facturar apoyos sociales igualmente fantamagóricos, para beneficiarios reales a quienes les usurparon su personalidad.
Si bien una sola empresa coincidente no admite una generalización, no debe descartarse como indicio de que en toda la administración pública, tan amplia como es, pueda existir la práctica de compartir ese tipo de servicios de simulación, y en parte explique la razón por la que se solapen entre ellos.
Un solapamiento que incluye una simulación como la publicación del “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para fortalecer los registros de proveedores y contratistas del Poder Ejecutivo del Estado”, el pasado 29 de marzo de 2019.
De acuerdo con el primer lineamiento, el objetivo de esa disposición es “evitar el registro y contratación con personas físicas y morales que presuntamente facturen operaciones simuladas”. Como medidas de control, se establecen inspecciones físicas para confirmar la información de los contratistas y proveedores.
A través de la solicitud de información 00818420, solicitaron el informe sobre las “personas físicas y morales que fueron visitadas y revisadas desde junio de 2019 a mayo de 2020 así como los resultados de las visitas y revisiones”.
De acuerdo con la respuesta de la Contraloría General del Estado, durante esos doce meses sólo fueron capaces de realizar visitas de inspección a 11 proveedores. Ni siquiera uno por mes y todas con un mismo resultado: “El domicilio corresponde al declarado por el contratista”
El trabajo de Ciudadanos Observando y Astrolabio Diario Digital, sin obligación legal de por medio ni presupuesto público para hacerlo, logró en menos tiempo verificar a 17 proveedores, de los cuales 12 domicilios fueron visitados en las ciudades de Monterrey y Guadalajara.
La decadencia de fin de sexenio es tal, que lo burdo de aparentar que se combate la corrupción queda claramente expuesto entre su decir, incluso a través del Periódico Oficial, los actos de corrupción que cada vez se conocen más, y las omisiones a la orden del día, no sólo en la Contraloría, sino también en la Auditoría Superior y la Fiscalía General, con un Carreras López complacido.
